El ministro de Justicia y Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, ratificó la validez jurídica de las modificaciones propuestas para el Código Procesal Penal, asegurando que no se vulneran derechos fundamentales, en un contexto marcado por la demolición de búnkeres de droga en Rosario y la baja de los índices de criminalidad local.
Defensa oficial a los cambios procesales y los límites de la Constitución
La propuesta del Poder Ejecutivo de Santa Fe para implementar una segunda ola de reformas normativas generó controversias en diversos sectores de la oposición y entre especialistas del derecho penal. Las críticas apuntan al endurecimiento de las medidas policiales y judiciales, bajo la sospecha de que podrían rozar la inconstitucionalidad en ciertos procedimientos de control y detención.
Frente a estos cuestionamientos, el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, salió al cruce y defendió de manera categórica la iniciativa oficial. El funcionario remarcó de forma taxativa la postura del gobierno santafesino respecto a los límites legales del proyecto en debate.
"El piso de garantías constitucionales está salvaguardado", enfatizó el titular de la cartera de seguridad para disipar las dudas del arco político y judicial. Según la mirada del Poder Ejecutivo, los cambios proyectados respetan los marcos jurídicos vigentes y resultan indispensables para optimizar la persecución del delito en el territorio provincial.
Herramientas jurídicas inéditas y el modelo de decreto penal
La nueva reforma procesal busca profundizar las competencias otorgadas a las fuerzas de seguridad y a los fiscales, con el objetivo de dotar al Estado de mecanismos más ágiles para resolver contravenciones y delitos menores. Entre las herramientas más discutidas del paquete legislativo aparece la figura del decreto penal.
Esta modalidad facultaría la aplicación de condenas rápidas para ofensas leves mediante un procedimiento administrativo abreviado que no requeriría la intervención directa y presencial de un magistrado de instrucción en cada instancia. Para fundamentar la viabilidad del proyecto, el ministro apeló a ejemplos de derecho comparado internacional.
"En Alemania lo tienen hace un siglo para ofensas leves y no hay ningún cuestionamiento. Lo aplicamos nosotros cada vez que pagamos una multa por estacionar mal", argumentó Cococcioni. El funcionario explicó que el objetivo central es llevar la política criminal hasta el máximo potencial permitido por las leyes vigentes, sin que esto signifique traspasar los consensos democráticos.
"En algunos casos, tal vez nos acercamos a los límites consensuados socialmente, pero ninguna cláusula constitucional es lesionada", aseveró el ministro, ratificando la instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro de mantener la intensidad de los operativos y no desacelerar las reformas en marcha.
Desfederalización y ofensiva contra el narcomenudeo en el territorio
El debate legislativo y doctrinario coincide con la aplicación práctica de las leyes sancionadas a fines de 2023, puntualmente la ley de desfederalización parcial de estupefacientes. Esta norma otorgó competencia a la justicia provincial y al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para intervenir directamente en los eslabones más bajos de la cadena de comercialización de drogas.
Los resultados prácticos de esta política se ven reflejados de manera constante en los barrios periféricos de los grandes conglomerados urbanos. En coincidencia con las declaraciones del ministro, cuadrillas judiciales y policiales llevaron a cabo la demolición de un punto de venta de estupefacientes ubicado sobre la calle Centeno al 2400, en la zona sur de Rosario.
El fiscal del MPA, César Cabrera, detalló que el búnker destruido operaba en una zona crítica comprendida por los barrios Villa Moreno y Villa Centeno, sectores que registraban elevados niveles de violencia urbana y reiteradas denuncias por actividades ilícitas. Durante los operativos previos en dicho inmueble, las fuerzas policiales arrestaron a una persona mayor de edad y a un menor de edad mientras comercializaban sustancias en el lugar.
La estrategia de derribo de búnkeres se aplica tras constatar que las estructuras no presentan condiciones de habitabilidad real y que son reinstaladas con fines delictivos de manera sistemática tras cada allanamiento tradicional. El plan integral contempla intervenciones urbanas más amplias para recuperar el control territorial por parte del Estado provincial.
Impacto estadístico y la brecha con los parámetros nacionales
A pesar del optimismo gubernamental por el rumbo de la gestión, las autoridades de la provincia admiten que el escenario general requiere sostener el despliegue policial y judicial a largo plazo. Las estadísticas del informe bianual del microtráfico muestran una marcada tendencia a la baja en homicidios y balaceras en comparación con los picos críticos registrados durante los años 2022 y 2023.
Los datos oficiales relevados desde el inicio de la actual administración reflejan una fuerte actividad en materia de persecución penal en las calles. Desde enero de 2024 hasta la fecha, se inactivaron un total de 119 puntos de venta de drogas en todo el territorio de la provincia de Santa Fe, concentrándose 76 de esos operativos exclusivamente dentro de los límites de la ciudad de Rosario.
No obstante, desde la propia cartera de seguridad reconocen que la tasa criminal de Santa Fe se mantiene todavía por encima de la media de la República Argentina. Esta brecha estadística fundamenta la negativa oficial a flexibilizar los controles urbanos o a morigerar las iniciativas legislativas presentadas ante la Legislatura santafesina.
"No podemos decir que estamos bien en materia de seguridad. Los indicadores han mejorado muchísimo, pero estamos lejos de una situación óptima", concluyó Cococcioni, justificando la necesidad de dotar a los fiscales de mayores prerrogativas legales para consolidar la tendencia decreciente de la violencia en el corto plazo.
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