El ministro de Economía criticó la gestión fiscal del gobierno de Cambiemos durante sus primeros dos años y descartó una fijación del tipo de cambio en la actual etapa financiera.
El ministro de Economía, Luis Caputo, realizó un pormenorizado balance sobre el rumbo económico del país, donde repasó las falencias de la gestión de Mauricio Macri —de la cual formó parte como ministro de Finanzas y presidente del Banco Central— y delineó las diferencias estructurales que mantiene el actual esquema libertario respecto de planes históricos como la convertibilidad de los años noventa.
Durante una extensa exposición sectorial, el jefe de la cartera económica centró su argumento en la necesidad de corregir el desequilibrio de las cuentas públicas como paso previo e ineludible a cualquier proceso de estabilización cambiaria o monetaria. En ese sentido, apuntó contra el gradualismo fiscal aplicado entre 2015 y 2017, al que señaló como el principal desencadenante de las crisis posteriores que minaron la sustentabilidad de aquel programa macroeconómico.
Las críticas al gradualismo fiscal de la gestión de Cambiemos
El ahora funcionario del gobierno de Javier Milei fue categórico al evaluar el diseño de la política económica del macrismo. Según su visión, el error fundamental radicó en haber mantenido intacto el déficit fiscal durante los primeros 24 meses de mandato, bajo la premisa de que el financiamiento externo y el crecimiento sectorial diluirían el bache de las cuentas públicas de manera progresiva.
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"El error de diagnóstico en aquel momento fue creer que el déficit se podía financiar con deuda de largo plazo mientras la economía crecía. La realidad demostró que los mercados financieros internacionales tienen un límite de tolerancia muy estricto cuando no se observan reformas de fondo en el gasto público", explicó el jefe del Palacio de Hacienda.
El ministro recordó que el desequilibrio heredado en 2015 promediaba los 5 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) en términos primarios, una cifra que la administración de Cambiemos intentó reducir de forma excesivamente lenta para evitar un costo político inmediato. Esta estrategia, argumentó, terminó sobrecargando la política monetaria del Banco Central, que se vio obligado a emitir títulos para esterilizar el excedente de pesos, generando una bola de nieve de pasivos remunerados que explosionó a comienzos de 2018.
El rechazo a la convertibilidad como salida financiera
Al momento de proyectar las herramientas para consolidar la baja de la inflación y el ordenamiento de las variables financieras, el titular de Economía marcó una clara línea de separación con el plan implementado por Domingo Cavallo en 1991. Para el funcionario, atar la moneda nacional al dólar de forma rígida mediante una ley de convertibilidad sin haber solucionado las inconsistencias de productividad y competitividad resulta inviable en el contexto global contemporáneo.
El ministro argumentó que aquel sistema brindó una estabilidad de precios inmediata pero incubó un problema severo de apreciación cambiaria y destrucción del empleo industrial que terminó por desestabilizar el frente social. La rigidez de la paridad uno a uno impidió que la economía local pudiera amortiguar los shocks externos, como la crisis del Tequila en 1995 o la devaluación de Brasil en 1999, forzando un endeudamiento crónico para sostener un esquema que carecía de un respaldo fiscal genuino.
El actual enfoque oficial apunta, por el contrario, a una competencia de monedas donde el peso conviva con el dólar en un marco de flotación administrada, pero con la premisa inquebrantable del superávit fiscal gemelo (comercial y financiero). Desde la óptica del Ministerio de Economía, la convertibilidad fracasó precisamente porque el Estado continuó registrando déficits que debían ser cubiertos con deuda externa, hasta que el acceso al crédito se interrumpió de manera definitiva.
El impacto del superávit fiscal y las metas macroeconómicas
La actual administración busca diferenciarse de sus predecesores mediante la velocidad y la profundidad del ajuste en el sector público. Caputo enfatizó que, a diferencia de la experiencia de 2015, el punto de partida del programa económico actual consistió en alcanzar el equilibrio financiero total de forma inmediata, logrando un superávit fiscal en el primer mes de gestión mediante el recorte nominal de partidas presupuestarias y la eliminación de subsidios energéticos y de transporte.
Este cambio de estrategia responde a una lógica de shock que busca quebrar la inercia inflacionaria sin recurrir a anclas artificiales que distorsionen los precios relativos de la economía. El ordenamiento de las cuentas públicas se presenta como el único camino válido para recuperar la confianza de los inversores extranjeros y locales, permitiendo una reducción genuina del riesgo país y abriendo la posibilidad de un retorno paulatino a los mercados de crédito voluntarios.
El horizonte diseñado por el equipo económico contempla una flexibilización gradual de las restricciones cambiarias (cepo) a medida que las reservas netas del Banco Central se consoliden en terreno positivo y los pasivos monetarios queden plenamente respaldados. El funcionario insistió en que acelerar este proceso sin las condiciones de liquidez necesarias recrearía los escenarios de vulnerabilidad externa que el país sufrió en las últimas décadas, por lo que la cautela operativa seguirá primando sobre las urgencias políticas de corto plazo.
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