La Justicia Federal de Rafaela dictó una medida cautelar que obliga a la Dirección Nacional de Vialidad a iniciar en un plazo de diez días las obras de reparación sobre un tramo crítico de la ruta nacional 34, en el norte de Santa Fe, tras considerar el elevado riesgo vial y el abandono del mantenimiento estatal.
Un fallo judicial contra el deterioro de la "ruta de la muerte"
El Juzgado Federal de Rafaela, a cargo del juez Aurelio Cuello Murúa, hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el senador departamental Felipe Michlig ante el estado de intransitabilidad que presenta la ruta nacional 34. La resolución judicial es contundente: el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), debe intervenir de manera inmediata en un segmento de 50 kilómetros que atraviesa las localidades de Curupaity, Monigotes, Las Palmeras y Palacios.
El tramo afectado se ubica en el departamento San Cristóbal, en las cercanías del límite interprovincial con Santiago del Estero. Según los fundamentos de la medida, el estado de la calzada no solo impide la libre circulación, sino que representa un peligro inminente para la vida de quienes transitan por este corredor estratégico para el Mercosur. La resolución establece que las tareas de bacheo profundo y repavimentación deben comenzar formalmente la semana próxima, agotándose los plazos administrativos otorgados por el magistrado.
El impacto de la siniestralidad vial en el norte santafesino
La decisión judicial no es un hecho aislado, sino la respuesta a una crisis de seguridad vial que se ha profundizado en los primeros meses de 2026. Los datos aportados en el marco del amparo son alarmantes: en lo que va del año, la ruta 34 ha sido escenario de siniestros viales que se cobraron la vida de 12 personas en territorio santafesino. Esta cifra refuerza el mote de "ruta de la muerte", una denominación que los vecinos y autoridades regionales intentan erradicar mediante la exigencia de inversiones estructurales.
Felipe Michlig, referente de la Unión Cívica Radical y principal impulsor de la demanda, destacó la importancia de este precedente jurídico. El legislador explicó que la vía presenta deformaciones, pozos de gran profundidad y banquinas descalzadas que hacen que la conducción sea una actividad de alto riesgo, especialmente durante la noche o en días de lluvia. La falta de mantenimiento preventivo por parte del Gobierno nacional durante los últimos ciclos fiscales derivó en este cuello de botella logístico y humanitario.
El alcance del plan de obras y la responsabilidad de Vialidad
El fallo detalla que la reparación debe garantizar condiciones mínimas de seguridad en el área que conecta el centro de la provincia con el norte profundo. "Pretendemos una repavimentación de este tramo que está en pésimo estado", señaló Michlig, subrayando que la medida cautelar busca una solución operativa rápida mientras se discute la cuestión de fondo sobre la desinversión en infraestructura nacional.
La Dirección Nacional de Vialidad deberá desplazar maquinaria y personal para cumplir con el cronograma judicial. El incumplimiento de este plazo de diez días podría derivar en sanciones conminatorias o multas procesales para los responsables del organismo. La urgencia radica en que la ruta 34 es el principal canal de flujo de la producción cerealera hacia los puertos del Gran Rosario y un eje fundamental para el transporte de pasajeros de larga distancia.
Antecedentes de reclamos por infraestructura en Santa Fe
Este amparo favorable en Rafaela se suma a una serie de acciones legales y políticas que diferentes municipios y departamentos de Santa Fe han iniciado contra el Estado Nacional. Recientemente, se han presentado pedidos similares para los tramos de la misma ruta 34 más cercanos a la ciudad de Rosario y para la ruta nacional 11, otro corredor que atraviesa una crisis de mantenimiento similar.
La parálisis de la obra pública nacional ha generado un conflicto de jurisdicciones donde la Justicia ha comenzado a intervenir para tutelar derechos fundamentales como la vida y la seguridad física, por encima de las restricciones presupuestarias. En el caso específico de San Cristóbal, el abandono de la ruta 34 afecta no solo al transporte internacional, sino a la conectividad básica de comunidades pequeñas que dependen de esta traza para acceder a servicios de salud y educación en centros urbanos de mayor jerarquía.
El dictamen del juez Cuello Murúa establece un hito en la gestión de infraestructura, obligando a Vialidad a priorizar la seguridad vial sobre cualquier otro criterio de asignación de recursos. Con el inicio de las obras previsto para los próximos días, la región espera que se ponga fin a un período de negligencia técnica que ha transformado a una de las rutas más productivas del país en una trampa mortal para sus usuarios.
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