El fiscal federal Gerardo Pollicita analiza inconsistencias patrimoniales del jefe de Gabinete vinculadas a la compra y remodelación de una propiedad de lujo y millonarios pagos realizados en efectivo.
Las obras en el country Indio Cuá bajo sospecha
La investigación judicial que pesa sobre Manuel Adorni ha sumado en las últimas horas elementos de prueba que complican su situación procesal. El foco de la fiscalía se centra actualmente en la vivienda ubicada en el exclusivo country Indio Cuá, cuya titularidad pertenece a Bettina Angeletti, esposa del funcionario nacional. Según la hipótesis de la Justicia, los movimientos financieros destinados a la mejora de este inmueble no coincidirían con los ingresos declarados por el matrimonio.
Uno de los testimonios más relevantes para la causa fue el aportado por el contratista Matías Tabar. Ante el fiscal Pollicita, el profesional detalló que el costo total de las remodelaciones en la propiedad ascendió a los 245.000 dólares. El dato que encendió las alarmas de los investigadores no es solo el monto, sino la modalidad de pago: según la declaración testimonial, la totalidad de la obra fue abonada mediante entregas de dinero en efectivo.
Entre las mejoras estructurales descritas ante la Justicia se incluyen la instalación de un jacuzzi de alta gama, una piscina con sistema de cascada y diversas ampliaciones de categoría que elevaron significativamente el valor de mercado de la unidad. Para los peritos contables, el uso de moneda extranjera en efectivo para este tipo de transacciones es un indicador de alerta que obliga a rastrear el origen lícito de dichos fondos.
Irregularidades en la declaración jurada y rectificaciones
El avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito también puso de manifiesto una serie de desprolijidades administrativas en las presentaciones oficiales del funcionario. La propiedad en cuestión no figuraba originalmente en la declaración jurada que Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) al momento de asumir sus funciones o en los periodos correspondientes.
La incorporación de este activo al patrimonio declarado se produjo de manera tardía, a través de una rectificación presentada una vez que la denuncia judicial ya había tomado estado público y los tribunales de Comodoro Py habían iniciado las primeras medidas de prueba. Esta secuencia temporal es analizada por la fiscalía como un posible intento de regularizar una situación patrimonial ante la inminencia del control judicial.
"La propiedad no figuraba inicialmente en la declaración jurada presentada por Adorni ante la Oficina Anticorrupción y fue incorporada recién en una rectificación posterior, cuando la causa judicial ya estaba en marcha", detallan fuentes con acceso al expediente. Esta omisión inicial constituye uno de los pilares de la sospecha sobre la transparencia de los bienes del jefe de Gabinete.
Peritajes telefónicos y movimientos de fondos
En el marco de la recolección de evidencia, la Justicia ordenó una medida considerada clave: el peritaje del teléfono celular del contratista Matías Tabar. El objetivo de los investigadores es reconstruir la cadena de mensajes, fechas y coordinaciones logísticas que permitieron los pagos de las obras en el country. Se busca determinar si existen registros que vinculen directamente a Adorni con la entrega del dinero o si las gestiones fueron delegadas para evitar la exposición del funcionario.
Además de la propiedad en Indio Cuá, el fiscal Pollicita analiza otros movimientos económicos, incluyendo una serie de viajes al exterior y gastos corrientes que parecen no condecirse con el flujo de fondos declarado en sus cuentas bancarias. La causa busca establecer si el jefe de Ministros actuó como beneficiario final de activos que no fueron debidamente informados al Estado, vulnerando las normativas de ética pública.
Por su parte, Manuel Adorni ha mantenido una postura de rechazo absoluto hacia las acusaciones. Durante sus intervenciones en el Congreso y en contacto con la prensa, el funcionario denunció ser víctima de "espionaje ilegal" y aseguró que su patrimonio es lícito y transparente. "Quiero dejar en claro que no voy a renunciar", afirmó ante los legisladores, sosteniendo que las denuncias forman parte de una maniobra política para desgastar la gestión del Ejecutivo.
El impacto político y el contexto judicial
La situación de Adorni genera una fuerte tensión interna en el Gobierno, dado que el funcionario es una de las voces principales de la administración. El avance de una causa por enriquecimiento ilícito contra la figura que encabeza la Jefatura de Gabinete representa un desafío para el discurso de transparencia que el oficialismo intenta sostener.
El Código Penal argentino establece penas de prisión e inhabilitación perpetua para aquellos funcionarios públicos que no puedan justificar la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción del cargo. En este caso, la fiscalía intenta determinar si el crecimiento patrimonial se produjo de manera injustificada o si existen ingresos por fuera de la función pública que no fueron tributados ni declarados.
Mientras la Justicia avanza con el cruce de datos migratorios, registros de propiedad inmueble y consumos de tarjetas de crédito, la causa entra en una etapa de definiciones. El resultado de los peritajes tecnológicos y el análisis de la capacidad contributiva del matrimonio Adorni-Angeletti serán determinantes para definir si el fiscal solicita el llamado a indagatoria del funcionario en los próximos meses.
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