El conflicto judicial por la destrucción del Delta del Paraná sumó tensión tras una audiencia sin acuerdo, donde la Asociación Civil Cuenca Río Paraná solicitó la intervención de universidades nacionales y del Conicet para evaluar el impacto de las construcciones ilegales.
La complejidad técnica de los terraplenes en el Delta
La falta de resolución en la audiencia de conciliación reactivó la urgencia de la parte demandante por obtener pruebas técnicas rigurosas. La intención es que las pericias no dependan de un único profesional del Poder Judicial, sino de equipos multidisciplinarios capaces de evaluar la alteración del flujo hídrico provocada por las obras de tierra en las islas entrerrianas.
El ecosistema del humedal presenta variables que exceden las capacidades metodológicas de un perito tradicional. Los demandantes fundamentan que la medición del daño ambiental requiere tecnología de alta complejidad, la cual se encuentra disponible principalmente en los laboratorios de las instituciones académicas estatales.
La magnitud del territorio afectado y la persistencia de las intervenciones artificiales obligan a un abordaje integral. Los análisis pendientes incluyen desde la teledetección hasta la verificación en territorio de las alteraciones geomorfológicas que impiden la regeneración natural de la flora y fauna nativa.
El pedido para incorporar universidades y científicos del Conicet
Ante la necesidad de un respaldo científico irrefutable, la querella propuso formalmente ampliar el listado de organismos técnicos convocados. A las propuestas iniciales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se sumó el pedido para incorporar al Instituto Nacional de Ecología y Desarrollo Sustentable (Inedes), dependiente de la Universidad Nacional de Luján y del Conicet.
"Este tipo de pericias requiere de equipamientos para mediciones que los peritos no tienen y que sí los tienen las universidades. Por eso queremos que las pericias las hagan un grupo de especialistas", explicó el abogado de la causa, Fabián Maggi. El letrado remarcó que las tareas necesarias involucran mediciones satelitales y relevamientos topográficos detallados para determinar la altura, extensión y ubicación exacta de las estructuras artificiales.
La normativa vigente otorga un marco legal para este requerimiento extraordinario. Los demandantes se respaldan en el artículo 476 del Código Procesal Civil de la Nación, el cual habilita la realización de consultas técnicas o científicas a corporaciones especializadas cuando la especificidad del asunto lo requiera, quedando la decisión final en manos del juez federal de Victoria, Federico Martín.
Un proceso judicial que busca la recomposición ambiental
La demanda civil se originó hace cuatro años, en el período más crítico de los incendios forestales que arrasaron miles de hectáreas en la región del Delta. A lo largo del proceso, la investigación sumó nuevos imputados y constató la multiplicación de terraplenes clandestinos que agravaron la degradación de las tierras, lo que transformó la causa en un caso testigo para la justicia ambiental de la región.
El expediente judicial avanzó significativamente tras la resolución de la Cámara Federal de Paraná, que confirmó la competencia del Juzgado Federal de Victoria para continuar con el tratamiento del caso. El objetivo principal de la acción civil promovida por la organización ambientalista no persigue un resarcimiento económico, sino el cese inmediato de las obras civiles no autorizadas y la recomposición total del entorno natural afectado.
La estrategia legal de los demandantes se alinea con las tendencias internacionales en materia de preservación de ecosistemas esenciales. El equipo jurídico de la asociación civil destacó la importancia de flexibilizar los formalismos procesales en pos de garantizar una tutela judicial efectiva sobre el ambiente, argumentando que la demora en las pericias consolida el daño estructural sobre los cursos de agua navegables y las lagunas internas del Delta.
El impacto del marco normativo internacional
El trámite de la causa se desarrolla bajo el análisis de directrices jurídicas internacionales recientes. La jurisprudencia aplicada pondera los criterios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos respecto a las obligaciones de los Estados en contextos de degradación ecológica y variación climática global, lo que otorga una relevancia institucional prioritaria al conflicto del Paraná.
"Los Estados tienen la obligación de garantizar un acceso real, oportuno y efectivo a la justicia ambiental, evitando que formalismos procesales neutralicen la protección de los ecosistemas y los derechos de las comunidades", señaló la abogada Gimena Viviani, integrante del equipo legal demandante. Esta postura técnica se encuadra en los principios de acceso a la justicia que buscan evitar que las dilaciones procesales frustren la supervivencia de áreas protegidas.
El tribunal evalúa la aplicación del control de convencionalidad para resolver los baches de las pericias tradicionales. La resolución sobre qué instituciones conformarán el cuerpo de expertos determinará el estándar probatorio de un juicio que mantiene en vilo la protección del recurso hídrico más importante de la región litoraleña.
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