El oficialismo buscará avanzar este miércoles en la Cámara de Diputados con la reforma del régimen que beneficia a millones de usuarios, restringiendo el beneficio generalizado y focalizando la asistencia estatal únicamente en los sectores de menores recursos.
El debate parlamentario por las tarifas de gas
La Cámara de Diputados de la Nación reabre el debate en comisiones para tratar el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que modifica de manera integral el régimen de subsidios al gas conocido como "Zona Fría". La iniciativa gubernamental apunta a derogar la ampliación territorial que se había aprobado por ley en el año 2021, la cual incorporó a municipios de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Juan dentro del esquema de descuentos tarifarios.
El tratamiento legislativo se produce en un escenario de extrema tensión política entre la administración central y las provincias afectadas. Según el borrador de la propuesta, las localidades que ingresaron en la última reforma perderán el beneficio del descuento automático en sus boletas de gas de red, el cual oscila actualmente entre el 30% y el 50% del valor del componente de distribución.
La estrategia de las bancadas oficialistas y de los sectores aliados es emitir un dictamen de mayoría durante la jornada para habilitar la discusión en el recinto de sesiones la próxima semana. En contraposición, los bloques de la oposición dialoguista y los representantes de las provincias patagónicas coordinan una estrategia conjunta para rechazar las modificaciones o, en su defecto, introducir cambios que salven los beneficios para las regiones con temperaturas más extremas.
Los cambios en el beneficio de la Zona Fría
El núcleo del proyecto oficial consiste en retrotraer el mapa de la Zona Fría al esquema técnico previo a 2021. Esto significa que provincias enteras y cientos de municipios del centro del país dejarán de percibir el beneficio de forma masiva e irrestricta. La normativa vigente alcanza a casi 4 millones de usuarios en todo el territorio nacional, cubriendo zonas geográficas que no eran consideradas tradicionalmente de baja temperatura extrema pero que sí registran inviernos rigurosos.
La propuesta oficial establece una división tajante:
Provincias Patagónicas y Mendoza: Mantendrán un régimen similar al histórico debido a sus condiciones climáticas de origen, aunque bajo una fiscalización más estricta de los niveles de consumo de cada hogar.
Resto de las zonas incorporadas en 2021: Perderán el beneficio generalizado por código postal y la asistencia estatal pasará a un modelo de asignación individualizada.
La administración nacional argumenta que el sistema actual presenta severas distorsiones macroeconómicas y fiscales, ya que subsidia el consumo de sectores de ingresos medios y altos que residen en áreas urbanas templadas. El objetivo fiscal de la medida es reducir el gasto público en transferencias energéticas, una de las metas principales acordadas con los organismos internacionales de crédito para sostener el superávit financiero.
Focalización del subsidio en hogares vulnerables
A partir de la sanción de la nueva ley, los usuarios residenciales de las zonas excluidas no perderán la asistencia de manera total si demuestran una condición social de vulnerabilidad. El texto del proyecto estipula que el descuento en la tarifa de gas se otorgará exclusivamente a los beneficiarios que cumplan con los criterios de la Canasta Básica Total que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
"El Estado nacional no puede seguir financiando el calentamiento de piscinas o el consumo desmedido en regiones donde el clima no justifica un subsidio universal", explicaron fuentes de la Secretaría de Energía de la Nación al detallar los fundamentos de la reforma.
El nuevo entrecruzamiento de datos socioeconómicos se instrumentará a través de una base unificada que cruzará información de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Quedarán incluidos dentro de la tarifa social focalizada los jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y aquellos trabajadores formales cuyos ingresos familiares no superen el piso establecido para la pobreza.
El impacto económico tras las subas tarifarias
La discusión en el Congreso de la Nación se desarrolla en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo para los usuarios de servicios públicos. Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, las tarifas residenciales de gas de red acumulan un incremento promedio del 1.500% en todo el país, producto de la quita de subsidios al precio del fluido en boca de pozo y de la actualización de los márgenes de ganancia de las empresas transportistas y distribuidoras.
El impacto del quite de la Zona Fría se sentirá con mayor fuerza durante los meses de invierno, cuando el consumo de los hogares se multiplica hasta por cinco en comparación con el período estival. Entidades de defensa del consumidor advierten que una familia de ingresos medios en la provincia de Buenos Aires, que actualmente paga una boleta promedio con el descuento vigente, pasará a abonar el valor pleno del metro cúbico sumado al aumento estacional de la distribuidora.
Sectores industriales y comerciales de las regiones afectadas también expresaron su preocupación, dado que el incremento de las tarifas residenciales suele trasladarse de forma indirecta a los costos de los bienes y servicios locales, presionando sobre la dinámica inflacionaria de los municipios del interior. Los gobernadores de la región central buscan abrir una mesa de negociación paralela con el Ministerio de Economía para amortiguar el impacto financiero en sus distritos antes de que el proyecto llegue a la votación definitiva.
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