La justicia federal solicitó la elevación a juicio de la causa contra el cabo primero Héctor Guerrero por el intento de homicidio del trabajador de prensa durante una protesta en marzo de 2025.
La instrucción de la causa por la violenta represión ocurrida en las inmediaciones del Congreso Nacional el año pasado entró en su etapa decisiva. El Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente la elevación a juicio oral para el cabo primero de la Gendarmería Nacional, Héctor Guerrero, acusado de disparar a corta distancia contra el fotógrafo Pablo Grillo. El hecho, ocurrido bajo el marco del protocolo de orden público dispuesto por el Ministerio de Seguridad, dejó al comunicador con secuelas permanentes y reabrió el debate sobre el uso de la fuerza en manifestaciones sociales.
Guerrero enfrenta cargos por tentativa de homicidio agravado por su condición de integrante de una fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego. La querella, representada por organismos de derechos humanos y la familia de la víctima, sostiene que no existió una situación de peligro inminente que justificara el accionar del uniformado, calificando el episodio como un caso de violencia institucional explícita.
El operativo de marzo y la agresión al trabajador de prensa
Los hechos que se ventilarán en el debate oral se remontan a la tarde del 12 de marzo de 2025. En aquella jornada, diversas organizaciones sociales y sindicatos se movilizaban contra las reformas económicas impulsadas por el Poder Ejecutivo. El despliegue de seguridad, coordinado por la ministra Patricia Bullrich, incluyó un cordón de Gendarmería que buscaba evitar el corte total de la Avenida Entre Ríos.
Según consta en el expediente y en los registros fílmicos aportados por otros medios de comunicación, Pablo Grillo se encontraba debidamente identificado con su credencial de prensa y su equipo fotográfico. En un momento de tensión entre los manifestantes y los efectivos, Guerrero habría levantado su arma reglamentaria cargada con postas de goma y disparado de forma directa hacia la zona del torso y el cuello del fotógrafo.
El impacto provocó que Grillo cayera inconsciente de forma inmediata. Fue trasladado de urgencia al Hospital Argerich, donde los médicos debieron intervenirlo quirúrgicamente para extraer perdigones que habían afectado tejido muscular y nervioso. La pericia balística determinó que el disparo se efectuó a menos de tres metros de distancia, lo que incrementó significativamente la letalidad del proyectil.
Secuelas permanentes y el impacto en el ejercicio del periodismo
A un año del incidente, la salud de Pablo Grillo sigue siendo delicada. Las heridas le causaron una pérdida parcial de la movilidad en su brazo derecho y daños crónicos en su sistema respiratorio. "Mi vida profesional se terminó ese día", declaró el fotógrafo en una de sus últimas comparecencias ante el juez. Para los especialistas, el caso representa un antecedente gravísimo en materia de libertad de expresión y seguridad para los trabajadores de prensa en contextos de protesta.
El pedido de juicio oral no solo se sustenta en el testimonio de la víctima, sino también en un informe pormenorizado de la fiscalía que analiza la proporcionalidad del uso de la fuerza. El documento señala que Guerrero no cumplió con las normativas vigentes que exigen disparar hacia zonas no vitales y solo como último recurso. Por el contrario, la evidencia sugiere una intención de daño directo hacia un actor que no representaba una amenaza física para los efectivos presentes.
La defensa del gendarme, por su parte, sostiene que el cabo actuó bajo órdenes superiores y en un contexto de "caos generalizado" donde se sintió desbordado por la multitud. No obstante, las pruebas audiovisuales muestran que, al momento del disparo, el sector donde se ubicaba Grillo estaba despejado de manifestantes violentos.
El contexto político y la doctrina de seguridad vigente
Este proceso judicial se desarrolla en un clima de fuerte polarización respecto a las políticas de seguridad. Desde el Ministerio de Seguridad han defendido históricamente el accionar de las fuerzas en el marco del cumplimiento del protocolo antipiquetes. Sin embargo, este caso particular ha generado fisuras incluso dentro del arco oficialista por la contundencia de las pruebas contra el cabo Guerrero.
En términos estadísticos, el año 2025 registró un incremento del 15% en denuncias por lesiones sufridas por periodistas durante coberturas de calle en comparación con el periodo anterior. El caso de Grillo es el primero de esta magnitud que llega a la instancia de juicio oral bajo la actual gestión, lo que podría sentar un precedente legal sobre la responsabilidad individual de los agentes en el uso de armas "menos letales".
La comunidad internacional, a través de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha manifestado su preocupación por el uso de perdigones de goma dirigidos a la parte superior del cuerpo. El juicio, que se espera inicie antes del cierre del primer semestre de 2026, contará con la participación de más de treinta testigos, entre ellos peritos médicos, fotógrafos que presenciaron el hecho y altos mandos de la Gendarmería que supervisaron el operativo en la zona del Congreso.
La justicia deberá determinar ahora si el cabo Guerrero actuó por cuenta propia o si existió una negligencia sistémica en la cadena de mandos que permitió que un operativo de control de masas derivara en un intento de homicidio. Mientras tanto, Pablo Grillo continúa con un tratamiento de rehabilitación intensivo, alejado de las cámaras que alguna vez fueron su herramienta de trabajo.
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