El máximo tribunal penal del país revocó el cierre de una causa por agresiones contra adultos mayores y exigió identificar a los responsables del operativo.
La Cámara Federal de Casación Penal dictó un fallo de fuerte peso político y judicial al ordenar la reapertura de una investigación por la represión contra jubilados frente al Congreso Nacional. El tribunal no solo rechazó la desestimación previa del expediente, sino que cuestionó abiertamente el "modelo de combate" implementado por el Poder Ejecutivo, calificando de arbitraria la actuación de las fuerzas de seguridad en los operativos de control de protestas sociales.
La decisión de la Sala II de Casación se centra en las lesiones sufridas por Egidio Contreras, un jubilado que resultó herido durante una de las movilizaciones contra el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Los jueces consideraron que la justicia de primera instancia cerró la causa de forma prematura y sin agotar las instancias necesarias para identificar a los agentes involucrados en el ataque.
El rechazo al modelo de combate estatal
El fallo de Casación marca un precedente crítico sobre el protocolo de mantenimiento del orden público que aplica el Ministerio de Seguridad. Para los magistrados, el accionar policial observado en los registros fílmicos y testimoniales no se ajustó a una lógica de prevención de delitos, sino que respondió a un esquema de confrontación que terminó vulnerando los derechos de un sector especialmente protegido por la Constitución Nacional.
El tribunal subrayó que el uso de la fuerza debe ser el último recurso y siempre de manera proporcional. En el caso de Contreras, los jueces advirtieron que la respuesta estatal fue desmedida frente a una protesta de ciudadanos de avanzada edad. Este cuestionamiento al "modelo de combate" pone en tela de juicio la legalidad de los procedimientos de despeje de vías públicas cuando estos derivan en lesiones sistemáticas a los manifestantes.
La identificación de los responsables de las lesiones
Uno de los puntos más críticos de la resolución es la exigencia de identificar a los autores materiales de las agresiones. Hasta el momento, el expediente no había avanzado en la individualización de los efectivos de las fuerzas federales que participaron en el operativo específico donde Contreras fue herido. Casación remarcó que la impunidad en estos casos debilita el estado de derecho y la confianza en las instituciones.
La justicia ahora deberá analizar minuciosamente las cámaras de seguridad de la zona, los registros de las propias fuerzas y las grabaciones de los medios de comunicación presentes aquel día. El objetivo es determinar quiénes dieron las órdenes directas y quiénes ejecutaron las acciones que resultaron en el daño físico del jubilado, quien debió recibir asistencia médica tras el impacto de gases lacrimógenos y golpes directos.
Antecedentes y el impacto en la protesta social
La represión a los jubilados durante el segundo semestre de 2024 se convirtió en un eje de conflicto social recurrente. Los operativos frente al Congreso, que incluyeron el uso intensivo de gas pimienta y camiones hidrantes, fueron denunciados por diversos organismos de derechos humanos. Según datos de la Defensoría del Pueblo y organizaciones civiles, se registraron más de una decena de heridos con quemaduras químicas y traumatismos en un lapso de tres semanas de protestas consecutivas.
Este fallo llega en un momento donde el Ejecutivo defiende la "tolerancia cero" a los cortes de calle. Sin embargo, la intervención de la máxima instancia penal del país recuerda que el derecho a la protesta y la integridad física de los adultos mayores tienen jerarquía superior a las disposiciones administrativas de seguridad. La reapertura de esta causa podría derivar en citaciones a declarar para mandos medios y superiores de las fuerzas intervinientes.
El valor del testimonio de Egidio Contreras
La denuncia de Contreras no fue un hecho aislado, pero se convirtió en el caso testigo para que Casación revisara la conducta judicial frente a la represión. "Me tiraron gas directamente a la cara cuando ya me estaba retirando", había declarado el jubilado ante medios de prensa tras el incidente. Para el tribunal, ignorar este relato y las pruebas médicas adjuntas constituye una falta de tutela judicial efectiva.
La importancia de este revés judicial reside en la diferenciación que hacen los jueces entre el mantenimiento del orden y la arbitrariedad. Al calificar el operativo como arbitrario, Casación habilita una vía de investigación que podría alcanzar responsabilidades civiles y penales no solo para los agentes de calle, sino para quienes diseñaron la estrategia de contención de aquella jornada parlamentaria.
"El uso de la fuerza pública no puede transformarse en una herramienta de castigo para quienes ejercen el derecho de petición ante las autoridades, mucho menos cuando se trata de sectores vulnerables."
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