Referentes de la UNR y especialistas rechazan los cambios propuestos por el Ejecutivo nacional, denunciando que la falta de inversión estatal es el verdadero problema del sistema actual.
La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental presentada por el Poder Ejecutivo ante el Congreso de la Nación ha despertado un rechazo estructural en la comunidad académica y profesional de Rosario. Especialistas locales y docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) advierten que las modificaciones propuestas no solo desvirtúan el enfoque de derechos humanos de la normativa vigente, sino que además eluden la raíz del conflicto: la falta de presupuesto y la ausencia de dispositivos territoriales efectivos.
El eje de la discusión se centra en la pretensión del Gobierno de modificar conceptos fundamentales, como el reemplazo de "padecimiento mental" por "trastorno mental", y la rehabilitación de instituciones monovalentes, históricamente conocidas como manicomios. Para los expertos, estas medidas representan un retroceso de décadas en la salud pública argentina, orientándose hacia un modelo médico-hegemónico que prioriza la internación sobre la integración comunitaria.
El diagnóstico del Observatorio de Salud Mental y Adicciones
Ignacio Saenz, director del Observatorio de Salud Mental y Adicciones (Osma) de la UNR, fue contundente al analizar la situación actual y la propuesta oficialista. Según el especialista, el problema central no radica en el texto de la ley sancionada en 2010, sino en su implementación deficiente por parte del Estado en sus distintos niveles.
"La ley vigente no es el inconveniente. Por el contrario, constituye una de las normativas más avanzadas en materia de salud mental en la región al haber consolidado un enfoque basado en derechos humanos, interdisciplina y atención comunitaria", sostuvo Saenz. El titular del Osma enfatizó que el marco normativo actual es el resultado de una construcción histórica en la que confluyen la psicología, la psiquiatría, el trabajo social y la enfermería.
Para los profesionales de la UNR, la salud mental es un fenómeno complejo que no puede abordarse de manera unilateral. La reforma, al intentar fortalecer exclusivamente el rol del médico psiquiatra en las internaciones involuntarias y reducir la participación de otras disciplinas, rompe con la lógica de abordaje integral que ha sido el estándar internacional en las últimas décadas.
Manicomios y el retorno a modelos de exclusión
Uno de los puntos más sensibles del proyecto enviado al Congreso es la revisión de los criterios para las instituciones monovalentes. La Ley 26.657 establecía un cronograma de sustitución de estos centros por dispositivos de salud general y casas de medio camino, con el fin de evitar el aislamiento crónico de los pacientes. La nueva iniciativa busca dar marcha atrás con este proceso, habilitando nuevamente la creación de espacios de encierro específicos.
Los especialistas de Rosario alertan que este cambio de paradigma es una respuesta simplista a un problema profundo. Aseguran que la precariedad de los dispositivos actuales —como centros de día y talleres productivos— no se debe a la ley, sino a un "Estado ausente" que no ha garantizado los fondos necesarios para su funcionamiento. La preocupación aumenta al observar los índices crecientes de suicidios y situaciones de violencia, los cuales califican como consecuencias directas de una realidad socioeconómica que "enferma" a la población.
"Hace falta inversión y un sistema que funcione, no un cambio de leyes que nos devuelva al siglo pasado", coinciden desde el ámbito académico rosarino. La crítica apunta a que, al facilitar las internaciones involuntarias y el retorno al modelo manicomial, el Estado se deslinda de la responsabilidad de acompañar al paciente en su entorno social y familiar.
Impacto en el sistema de salud y contexto social
La controversia se da en un contexto de vulnerabilidad social extrema. El aumento de la pobreza y la dificultad de los jóvenes para acceder a una vida independiente —fenómeno creciente en Rosario y otras grandes urbes— actúan como factores determinantes en el deterioro de la salud subjetiva de la ciudadanía. En este escenario, la reforma es vista como una medida que busca "limpiar" el espacio público mediante la institucionalización forzada, en lugar de sanar el tejido social.
Más de 15 provincias ya han manifestado reparos o una oposición abierta a las modificaciones, lo que anticipa un debate legislativo de alta tensión. Los defensores de la ley vigente insisten en que el foco debe estar en la creación de una red de atención primaria robusta que permita detectar y tratar los padecimientos antes de que lleguen a una crisis que requiera internación.
"El padecimiento subjetivo es un fenómeno complejo que no puede ser abordado de manera unilateral ni exclusivamente desde una mirada médica".
La comunidad profesional rosarina ha iniciado una serie de asambleas y jornadas de visibilización para informar a la sociedad sobre lo que está en juego. Argumentan que, detrás de términos técnicos como "trastorno mental", se esconde una estigmatización que podría derivar en la pérdida de autonomía para miles de personas que hoy, a pesar de las falencias del sistema, logran sostenerse dentro de sus comunidades gracias al enfoque interdisciplinario vigente.
El debate en el Congreso de la Nación será clave para determinar si Argentina sostiene su liderazgo regional en derechos de salud mental o si, bajo el argumento de la eficiencia y el orden, regresa a un modelo de exclusión que la comunidad científica ya consideraba superado.
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