El fiscal federal Gerardo Pollicita desestimó la denuncia penal impulsada por el Gobierno nacional contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, al considerar que el uso de cámaras ocultas en la Casa Rosada no representó un delito contra la seguridad nacional.
El dictamen del fiscal Gerardo Pollicita marca un precedente relevante sobre los límites entre el ejercicio del periodismo de investigación y la protección de las sedes gubernamentales. Tras analizar las pruebas presentadas por la Casa Militar, el funcionario judicial concluyó que no existió una conducta criminal en la realización del informe televisivo que motivó la denuncia.
La resolución judicial se produce semanas después de que el Poder Ejecutivo nacional presentara una denuncia penal contra la periodista rosarina y su colega, acusándolos de realizar tareas de espionaje dentro de Balcarce 50. La acusación se centraba en la utilización de dispositivos tecnológicos para captar imágenes en áreas restringidas del edificio histórico.
El origen del conflicto y la seguridad presidencial
La controversia comenzó con la emisión de un informe especial en el programa "¿Y mañana qué?", transmitido por la señal TN. En dicho segmento, los periodistas exhibieron imágenes grabadas en pasillos y diversos sectores internos de la Casa de Gobierno mediante la utilización de lentes provistos con cámaras ocultas.
Ante la difusión del material, la Casa Militar —organismo encargado de la seguridad del Presidente de la Nación y de la Casa Rosada— elevó un informe alertando sobre la posible vulneración de protocolos de seguridad. El Gobierno argumentó entonces que el material audiovisual podía revelar información sensible sobre la logística oficial, los movimientos internos y los puntos ciegos del sistema de vigilancia, comprometiendo así la integridad del Jefe de Estado.
Sin embargo, el análisis de la fiscalía determinó que, si bien la maniobra pudo haber eludido controles de ingreso o normativas internas de permanencia, las imágenes capturadas "no revisten la entidad requerida" para ser consideradas una amenaza a la seguridad nacional o una revelación de secretos de Estado.
Libertad de prensa frente a sanciones administrativas
En su dictamen, Pollicita fue categórico al diferenciar las posibles faltas administrativas de los delitos tipificados en el Código Penal. Según el fiscal, la grabación se realizó sin la autorización correspondiente y, por lo tanto, podría derivar en sanciones administrativas para los involucrados o en cambios en los protocolos de acceso de la Casa Rosada, pero no constituye un acto de espionaje.
"El trabajo periodístico realizado no afectó el bien jurídico protegido por las normas de seguridad del Estado", se desprende de la resolución. El fiscal subrayó que el contenido difundido era de carácter público y se limitaba a mostrar espacios de tránsito cotidiano dentro del edificio, sin acceder a documentos clasificados o sistemas críticos de defensa.
Esta decisión judicial es recibida por las entidades de prensa como un respaldo a la libertad de información, especialmente en lo que respecta al periodismo de investigación en espacios públicos o dependencias estatales donde se gestionan asuntos de interés general.
El impacto de la resolución y antecedentes
El pedido de archivo de la causa desarticula una de las denuncias más polémicas del Ejecutivo contra trabajadores de prensa en lo que va del año. Luciana Geuna, reconocida conductora y periodista de investigación oriunda de Rosario, había defendido la legitimidad de su trabajo desde el momento en que se conoció la imputación, alegando que el objetivo del informe era mostrar el funcionamiento interno de la sede de gobierno.
La justicia federal ahora deberá resolver el archivo definitivo de las actuaciones. El fallo de Pollicita se suma a una serie de antecedentes donde la justicia diferencia el incumplimiento de normas protocolares de la intención dolosa de perjudicar al Estado.
Este caso reaviva el debate sobre la transparencia en Balcarce 50. Mientras que el Gobierno busca restringir la captación de imágenes internas bajo argumentos de seguridad estratégica, los tribunales parecen inclinarse por proteger la labor periodística siempre que no se demuestre un daño concreto y real a la seguridad pública. Por el momento, la actividad de Geuna y Salerno ha quedado encuadrada dentro del derecho a informar, dejando al descubierto la fragilidad de la acusación de espionaje en este contexto.
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