El Gobierno provincial y la Justicia derribaron dos puntos de venta de droga y recuperaron una vivienda en un operativo clave contra los clanes Villalba e Itre.
La lucha contra el narcomenudeo en Rosario sumó este jueves un nuevo capítulo en el barrio Gráfico, ubicado en el extremo oeste de la ciudad. En un despliegue conjunto entre el Ministerio Público de la Acusación y fuerzas de seguridad, se procedió a la demolición de dos viviendas que funcionaban como centros de distribución de estupefacientes. Además, las autoridades lograron recuperar una tercera propiedad que había sido arrebatada a sus dueños bajo amenazas.
El operativo se concentró en un radio de apenas 150 metros, evidenciando el control territorial que las bandas criminales ejercían en la zona. Las intervenciones fueron posibles gracias a la aplicación de la Ley de Microtráfico de Santa Fe, que otorga herramientas legales para la desactivación inmediata de inmuebles utilizados para el comercio de drogas a escala barrial.
El impacto de los clanes Villalba e Itre en la zona oeste
Según detalló el fiscal Franco Carbone, a cargo de la Unidad Especializada en Microtráfico, las tres viviendas estaban bajo el dominio de dos organizaciones de larga data en el sector: los clanes Villalba e Itre. Estas facciones no solo se dedicaban a la venta de sustancias, sino que utilizaban los domicilios como bases logísticas para otras actividades delictivas.
"Los nombramos porque estas personas han hecho mucho daño en este barrio. Esta gente estuvo vinculada al peruano Rodríguez Granthon en distintos hechos que hemos investigado desde la Fiscalía", subrayó Carbone durante el procedimiento en calle Benteveo al 700. El vínculo con Granthon, un capo narco con condenas por tráfico a gran escala, marca la peligrosidad de las células locales desactivadas hoy.
La estructura criminal operaba mediante la usurpación sistemática de inmuebles. De las tres casas intervenidas, una de ellas será devuelta a sus legítimos propietarios tras haber sido desalojada. Para los vecinos, este punto representa un alivio tras meses de violencia y asedio por parte de los delincuentes que habían tomado la propiedad por la fuerza.
Aplicación de la ley de microtráfico y control territorial
El uso de retroexcavadoras para reducir a escombros los puntos de venta se ha convertido en una imagen frecuente en Rosario desde la implementación de la nueva normativa provincial. La ley permite al Ejecutivo y a la Justicia intervenir de manera directa sobre la infraestructura delictiva, buscando romper el circuito económico y social que genera el narcomenudeo en los barrios más vulnerables.
Los inmuebles derribados se encontraban en Benteveo al 700 y en las inmediaciones de las calles Jacobacci y Magaldi. Estos sitios habían sido denunciados de forma recurrente por residentes de la zona, quienes reportaban movimientos constantes de "soldaditos" y compradores, además de episodios de violencia armada vinculados a la disputa por el territorio.
"Este es un mensaje claro para quienes intentan adueñarse de los barrios mediante el terror", indicaron fuentes policiales presentes en el lugar. El dispositivo de seguridad contó con un amplio vallado y la presencia de grupos tácticos para garantizar que las tareas de demolición se llevaran a cabo sin incidentes en un área históricamente conflictiva.
Un cambio de paradigma en la recuperación de viviendas
Uno de los hitos de esta jornada fue la restitución de la vivienda usurpada. En muchos casos, los búnkeres son propiedades que pertenecían a familias trabajadoras que debieron abandonar sus hogares bajo amenazas de muerte o ataques a balazos. La recuperación de este activo, sin necesidad de demolición, marca una diferencia en la estrategia judicial cuando el inmueble no ha sido estructuralmente modificado para el delito.
"Restituir la propiedad a sus dueños es devolverle un pedazo de paz al barrio", señaló uno de los funcionarios presentes. El proceso de entrega se realizará bajo estricta vigilancia para evitar que los clanes desarticulados intenten retomar el control del domicilio una vez que las fuerzas de seguridad se retiren de la zona.
Este operativo en barrio Gráfico se suma a una serie de intervenciones que buscan saturar los puntos calientes de la ciudad. El desafío para las autoridades provinciales reside ahora en sostener la presencia estatal en el territorio para evitar que nuevos grupos ocupen los espacios vacíos dejados por las bandas criminales recientemente golpeadas.
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