La Secretaría de Transporte de la Nación negó retrasos en los pagos de la tarifa social en Rosario, contradiciendo la denuncia local sobre una deuda de 4.500 millones de pesos.
El conflicto por el financiamiento del transporte público en Rosario sumó un nuevo capítulo de tensión institucional. Luego de que el Ejecutivo municipal advirtiera sobre un rojo financiero derivado de la falta de transferencias nacionales, el Gobierno central aseguró que los desembolsos por los atributos sociales de la tarjeta SUBE se ejecutan con normalidad.
La controversia se originó tras las declaraciones del secretario de Gobierno local, Sebastián Chale, quien alertó sobre una deuda acumulada que escalaría a los 4.500 millones de pesos. Según el funcionario, este retraso corresponde al primer trimestre de 2026 y pone en jaque la sostenibilidad de un sistema que ya convive con la suba de combustibles y la baja de subsidios directos.
Desde la cartera nacional de Transporte sostienen que no existen tales demoras y que el flujo de fondos hacia la ciudad se mantiene según los cronogramas previstos. "Las transferencias por tarifa social se realizan con normalidad", indicaron fuentes oficiales, deslindando responsabilidades sobre el déficit operativo que acusa la gestión santafesina.
Para el municipio, la situación es crítica: se estima que unos 200.000 usuarios en Rosario dependen de estos descuentos (como jubilados, empleadas domésticas y beneficiarios de asignaciones) para abonar solo el 45% del valor del pasaje. El desfasaje, denuncian, hoy es cubierto con recursos propios de las arcas municipales.
La quita del Fondo Compensador del Interior a principios de año dejó a la tarifa social de la SUBE como el único hilo de conexión financiera entre la Nación y el transporte rosarino. En este escenario, el Palacio de los Leones intensificó sus reclamos ante la necesidad de sostener las frecuencias y evitar nuevos saltos en el precio del boleto, que hoy se ubica en los 940 pesos.
"El municipio lleva invertido en lo que va del año unos 11.000 millones de pesos para mitigar la baja de aportes nacionales", detallan fuentes técnicas del sector. Esta cifra cuadruplica lo invertido en el mismo período de 2023, exponiendo el esfuerzo fiscal que realiza la ciudad para evitar el colapso del servicio frente a una inflación que no da tregua.
"Esta cifra representa una deuda acumulada de alrededor de 4.500 millones de pesos que impacta directamente en el funcionamiento del servicio", había señalado Chale antes de la respuesta oficial.
El trasfondo de la disputa no es solo contable, sino político. Mientras el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúa recibiendo asistencia segmentada, el interior del país reclama una distribución más equitativa de los recursos. La Red Federal de Intendentes ya ha llevado este planteo al Congreso nacional para intentar institucionalizar un nuevo esquema de reparto.
Por el momento, Rosario garantiza la normal prestación del servicio, aunque el Ente de la Movilidad ya advirtió que la tarifa técnica —lo que debería costar el boleto sin ningún tipo de subsidio— ya supera los 1.400 pesos, lo que marca una brecha creciente que amenaza con trasladarse al bolsillo del pasajero si no se normalizan los giros en discusión.
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