La histórica cooperativa láctea SanCor entrará en proceso de liquidación tras la sentencia del juez Marcelo Gelcich, quien confirmó la imposibilidad de rescatar la firma ante una deuda millonaria.
El fin de la cooperativa SanCor Cooperativas Unidas Limitada ya es una realidad jurídica. Este miércoles 22 de abril, el juez en lo Civil y Comercial de Rafaela, Marcelo Gelcich, dictó formalmente la quiebra de la que supo ser la empresa láctea más importante de Argentina. La decisión judicial llega tras el pedido de quiebra directa solicitado por la propia conducción de la firma, que reconoció la inviabilidad operativa y administrativa de continuar con sus actividades ante un pasivo que supera ampliamente su patrimonio remanente.
La sentencia del magistrado rafaelino pone punto final a décadas de agonía financiera, intentos fallidos de capitalización y una sangría constante de activos. En los fundamentos del fallo, Gelcich destacó que la entidad presenta una deuda masiva con acreedores comerciales, fiscales y laborales que torna abstracta cualquier posibilidad de reestructuración. Además, desestimó la aplicación del mecanismo de salvataje, conocido como cramdown, argumentando que la naturaleza jurídica de la cooperativa y el estado crítico de sus instalaciones no permitirían un rescate exitoso por parte de terceros.
Los motivos del colapso y la imposibilidad del salvataje
El dictamen judicial es tajante respecto a la situación patrimonial de la láctea con sede en Sunchales. Según el juez, SanCor no posee actualmente una empresa "rescatable". La actividad industrial se encuentra reducida al mínimo y la cooperativa dejó de procesar leche propia en volúmenes significativos hace tiempo. El pasivo acumulado con organismos como la AFIP, proveedores de insumos y los propios trabajadores —con salarios impagos y deudas previsionales— ha generado un escenario donde los activos no alcanzan para cubrir las obligaciones más elementales.
Respecto al rechazo del cramdown, el magistrado explicó que la estructura de una cooperativa impide la transferencia de cuotas sociales a inversores privados ajenos a la entidad, lo que bloquea legalmente la entrada de capitales externos bajo esa modalidad. No obstante, el factor determinante fue la constatación de que la deuda supera por un margen irreversible el valor de los activos tangibles e intangibles de la marca.
Un plan de liquidación para proteger los puestos de trabajo
Pese a la declaración de quiebra, las puertas de las plantas industriales no se cerrarán de manera inmediata. El juez Gelcich ordenó un esquema de enajenación de "empresa en marcha". Esto significa que las plantas que actualmente prestan servicios de fazón —procesando leche para terceras marcas— continuarán operando de forma transitoria bajo la supervisión de los síndicos designados por el juzgado.
Esta estrategia busca cumplir dos objetivos centrales: proteger los derechos de los 914 trabajadores que aún dependen de la firma y evitar que las maquinarias pierdan valor por desuso. En el mercado lácteo, una planta activa tiene una valuación significativamente mayor que una estructura ociosa. Los bienes han sido incautados por la sindicatura, que deberá conservarlos para iniciar a la brevedad un proceso de licitación pública donde se convocarán interesados para la compra de las unidades productivas, ya sea en bloque o por separado.
El impacto en el sector lácteo y la Región Centro
La caída de SanCor marca un hito de retroceso para la lechería nacional. Fundada en 1938 como una unión de cooperativas de Santa Fe y Córdoba, llegó a ser un actor dominante en el mercado regional y un exportador de peso global. Sin embargo, una serie de decisiones administrativas cuestionables, la pérdida de mercados clave y una estructura de costos sobredimensionada para su captación de materia prima iniciaron un declive que se aceleró en la última década.
El impacto social es profundo, especialmente en Sunchales y las localidades donde SanCor posee sus principales centros logísticos y de producción. La incertidumbre sobre el futuro de los 914 empleados directos se extiende a los productores remitentes y a toda la cadena de valor que dependía de la cooperativa. El desafío de la justicia ahora será agilizar la venta de los activos para que los nuevos operadores puedan reactivar la producción bajo nuevas administraciones y garantizar la estabilidad laboral en una región que ya siente los efectos de la crisis económica.
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