Los médicos de cabecera de PAMI comenzaron este lunes una medida de fuerza por 72 horas en reclamo por un drástico ajuste en sus condiciones laborales. La retención de tareas, que afecta la atención programada en todo el territorio nacional, responde a una serie de cambios en el esquema de pagos que, según los profesionales, redujo sus ingresos a la mitad en términos reales.
El impacto de los cambios en el sistema prestacional
La principal queja del sector radica en la implementación de un nuevo modelo que elimina el pago por consulta presencial y lo reemplaza por un monto fijo que incluye una mayor carga de tareas administrativas. Los profesionales denuncian que, bajo esta modalidad, perciben apenas 2.100 pesos por cada paciente atendido, una cifra que consideran insuficiente para cubrir los costos básicos de funcionamiento.
"Con el doble de ingresos ya daba pérdida. Con esta reducción, es imposible sostener el consultorio", señalaron voceros del sector, quienes explicaron que el valor neto por paciente tras descontar insumos y gastos operativos queda reducido a unos 374 pesos. Esta situación llevó a muchos médicos a declarar la "insustentabilidad" de su actividad bajo el convenio vigente con la obra social de los jubilados.
Crisis estructural y sobrecarga administrativa
Más allá de la cuestión salarial, los médicos advierten sobre una degradación en la calidad de la atención. El nuevo esquema los obliga a absorber tareas complejas —como la gestión de recetas de insumos, derivaciones y pedidos de internación— sin una compensación acorde a la responsabilidad médica y el tiempo requerido.
"Se pierde la sustentabilidad del consultorio y no se pueden comprar insumos básicos", alertaron los profesionales durante la primera jornada de protesta. La crisis en PAMI se da en un contexto de fuerte ajuste, donde las transferencias del Tesoro Nacional hacia el organismo registraron una caída real del 57,7%, impactando directamente en la cadena de pagos a prestadores y clínicas privadas.
Consecuencias para los afiliados
El paro de 72 horas afecta principalmente la atención en consultorios externos y la gestión de trámites administrativos no urgentes. Mientras los médicos mantienen la medida, el sistema público de salud comienza a registrar un aumento en la demanda de las guardias, ante la imposibilidad de los jubilados de atenderse con sus profesionales de cabecera habituales.
Desde las organizaciones que nuclean a los profesionales aseguran que, de no mediar una mesa de negociación que revise los aranceles, el servicio continuará resentido. La falta de actualización de los pagos y las deudas acumuladas con otros sectores de la salud, como el área de discapacidad, completan un panorama crítico para la obra social más grande de América Latina.


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