Giro en la causa por el crimen de la policía en Villa Gobernador Gálvez

Giro en la causa por el crimen de la policía en Villa Gobernador Gálvez

La investigación por la muerte de Rosalía La Roza abandonó la hipótesis del accidente y ahora apunta a un homicidio premeditado por parte de su hijo de 15 años.

La causa que investiga el asesinato de la agente de la Policía Federal Rosalía Yamila La Roza, ocurrido el pasado 21 de marzo en Villa Gobernador Gálvez, dio un vuelco determinante. Los investigadores descartaron la versión inicial de un forcejeo accidental para centrarse en la sospecha de un plan criminal diseñado por el hijo de la víctima.

A través de un comunicado, la familia de la agente rompió el silencio para exigir celeridad en el proceso, calificando la espera como "agónica". Pese a la gravedad del hecho, el adolescente se encuentra bajo un régimen especial debido a su edad, lo que generó un fuerte reclamo de justicia por parte de su entorno cercano.

Las pruebas que descartan el forcejeo accidental

La teoría del accidente perdió fuerza tras los resultados de las pericias forenses y el análisis técnico del escenario del crimen. La evidencia confirmó que la mujer recibió un disparo en la cabeza efectuado desde atrás, una trayectoria que resulta incompatible con la versión de un forcejeo por el arma reglamentaria que se manejó en las primeras horas del suceso.

Asimismo, el peritaje del teléfono celular del menor resultó clave para el giro de la causa. En los dispositivos se habrían hallado conversaciones previas donde el joven manifestaba su deseo de asesinar a su madre, lo que permitió a la Justicia configurar la hipótesis de la premeditación vinculada a un conflicto personal de larga data entre ambos.

Situación legal y el reclamo de la familia

Debido a que el presunto autor tiene 15 años, la justicia lo considera no punible por su edad. Tras una audiencia informativa, el joven fue apartado de su entorno habitual en Villa Gobernador Gálvez y trasladado a una institución especializada fuera del departamento Rosario, bajo el control de los organismos de niñez y adolescencia.

Ante este escenario, la familia de La Roza emitió una carta pública dirigida a las instituciones judiciales para que se garantice un proceso efectivo.

"Detrás de cada plazo técnico hay una familia atravesada por una angustia que no conoce de calendario. Exigimos que se apliquen los estándares del sistema penal juvenil para que el proceso avance sin dilaciones."

En el escrito, los allegados solicitaron la plena vigencia de la Ley 27.801 de derechos y garantías de personas víctimas de delitos, enfatizando que su silencio previo fue una "decisión consciente de fe en las instituciones" que hoy se ve puesta a prueba ante la necesidad de respuestas concretas.