El Gobierno impulsa un nuevo paquete de reformas y busca el aval de los gobernadores

El ministro Federico Sturzenegger adelantó una batería de proyectos que enviará al Congreso, con foco en la desregulación económica, la propiedad privada y una disruptiva reforma societaria vinculada a la inteligencia artificial.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, presentó las bases de un nuevo conjunto de leyes que buscará sancionar en el Congreso. Durante su exposición en la Expo EFI, el ministro Federico Sturzenegger detalló que las iniciativas apuntan a profundizar la apertura económica y modernizar el marco legal corporativo, a la vez que realizó un pedido explícito a los mandatarios provinciales para garantizar el acompañamiento legislativo necesario.

Modernización societaria e inteligencia artificial

Uno de los puntos más disruptivos del anuncio fue la propuesta de modificar la Ley de Sociedades. El objetivo del Ejecutivo es habilitar la creación de empresas operadas íntegramente por sistemas de inteligencia artificial. Según explicó el funcionario, esta medida busca posicionar a la Argentina en la vanguardia de la economía digital, permitiendo estructuras organizativas 100% automatizadas que simplifiquen la gestión y reduzcan costos operativos.

Esta reforma se complementa con cambios previstos para el mercado de capitales y el cabotaje fluvial. En este último punto, la intención es eliminar restricciones que actualmente encarecen el transporte logístico interno, favoreciendo la competitividad de las economías regionales. "Necesitamos un marco legal que no sea un obstáculo para la inversión, sino un motor", señaló Sturzenegger durante su intervención.

La "Ley Hojarasca" y la propiedad privada

El paquete legislativo incluye la denominada "Ley Hojarasca", un proyecto ambicioso que propone la derogación de más de 70 leyes que el oficialismo considera obsoletas o perjudiciales para el desarrollo económico. El argumento central es que estas normativas generan burocracia innecesaria y limitan la libertad de comercio.

Asimismo, el Gobierno enviará un proyecto centrado en la "inviolabilidad de la propiedad privada". Esta iniciativa contempla reformas integrales a la ley de expropiaciones y procedimientos de desalojo, además de modificaciones a la ley de manejo del fuego. El ministro destacó que el fortalecimiento de los derechos de propiedad es una condición sine qua non para atraer capitales extranjeros.

En este contexto, se planteó la derogación parcial de la Ley de Tierras. El Ejecutivo sostiene que esta normativa limita las inversiones en el sector agropecuario y forestal. "Con la ley de tierras vamos a tener US$15.000 millones de inversiones agrícolas. No sé si tenemos conciencia del cambio estructural", afirmó Sturzenegger.

El factor político: el rol de los gobernadores

La viabilidad de estas reformas depende estrictamente del equilibrio de fuerzas en el Congreso. Por ello, el Gobierno ha intensificado el diálogo con los gobernadores. Recientemente, se autorizaron adelantos de coparticipación por aproximadamente $400.000 millones para aliviar las cuentas provinciales y, al mismo tiempo, aceitar los mecanismos de negociación política.

"El apoyo de los gobernadores es fundamental para transformar estos proyectos en realidades tangibles", indicaron fuentes oficiales. El oficialismo busca capitalizar una "ventana política" antes de que el calendario electoral de 2027 comience a influir en las decisiones parlamentarias. Para las provincias, el incentivo reside no solo en el alivio financiero inmediato, sino en la promesa de mayores inversiones en sus territorios derivadas de la desregulación.

Impacto económico y proyecciones de inversión

El equipo económico estima que, de aprobarse este paquete de medidas, el flujo de divisas podría experimentar un salto histórico. Las proyecciones oficiales mencionan un potencial de exportación de US$60.000 millones anuales en minería y US$50.000 millones en el sector energético.

"Compartimos la misma cordillera de los Andes, ¿se imaginan si la Argentina tenía US$60.000 millones más de exportación cada año?", cuestionó el ministro, comparando la situación local con la de países vecinos como Chile o Perú. La apuesta es que la seguridad jurídica y la eliminación de trabas burocráticas permitan que esos recursos, hasta ahora subexplotados, comiencen a dinamizar la economía nacional.

Además de las reformas estructurales, el Gobierno mantiene en agenda la regularización del empleo informal. Se estima que el proyecto laboral en curso permitiría regularizar al 50% de los trabajadores que hoy se encuentran fuera del sistema, mediante la eliminación de sanciones y multas para los empleadores que decidan formalizar sus plantillas. Con este esquema, el Ejecutivo busca cerrar el primer semestre de 2026 con una base legislativa consolidada para el crecimiento de largo plazo.