El gobernador Maximiliano Pullaro firmó un convenio con el Ejecutivo nacional para el envío de 120 mil millones de pesos destinados a financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial.
Recientemente, el Gobierno de Santa Fe formalizó un acuerdo con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) para saldar de manera parcial los compromisos acumulados por el financiamiento del sistema previsional santafesino. El entendimiento establece un esquema de desembolsos mensuales de 10 mil millones de pesos, los cuales comenzarán a ejecutarse en mayo de este año y se extenderán hasta abril de 2027.
Esta transferencia de recursos resulta vital para las arcas de la provincia, dado que Santa Fe forma parte del grupo de 13 jurisdicciones que decidieron no transferir sus cajas jubilatorias a la órbita nacional durante la década del 90. Al mantener su sistema propio, la provincia debe afrontar el pago de haberes con recursos propios, pero tiene derecho a una compensación nacional debido a la estructura impositiva vigente.
El origen del reclamo por los fondos de Ansés
La asistencia financiera nacional a las cajas no transferidas no es una concesión arbitraria, sino que responde a la forma en que se financia la propia Ansés. El organismo nacional recibe el 100% del impuesto a los débitos y créditos bancarios, el 11% de la recaudación del IVA y porcentajes de tributos específicos como el impuesto a los combustibles.
Como estos impuestos son coparticipables pero se detraen para el sistema nacional, las provincias que sostienen sus propios regímenes reclaman históricamente una compensación que equilibre esa pérdida de recursos. Este criterio se consolidó a fines de los años 90 para garantizar que los distritos que pagan sus propias jubilaciones no sean perjudicados doblemente por el aporte de sus contribuyentes al sistema federal.
La necesidad de reformar las transferencias discrecionales
A diferencia de la coparticipación federal, que se distribuye de manera automática y diaria según coeficientes fijos, estos fondos se categorizan como "transferencias no automáticas". Esto significa que su ejecución depende de convenios específicos y de la voluntad política del Ejecutivo nacional, lo que genera una fuerte incertidumbre financiera para las provincias.
Especialistas en finanzas públicas advierten que este esquema actual fomenta la discrecionalidad. Bajo este mismo paraguas se encuentran otros giros sensibles, como el Fondo de Fortalecimiento Fiscal bonaerense o la asistencia por el traspaso de la policía a CABA. Ante este escenario, Santa Fe sostiene la importancia de avanzar hacia una reforma del régimen de coparticipación que establezca reglas objetivas y brinde mayor previsibilidad a los sistemas previsionales del interior.
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