El Juzgado Federal N° 11 fijó el cronograma de audiencias por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad entre abril y mayo.
La Justicia Federal dio un paso clave en la investigación por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El juez Ariel Lijo, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, citó a indagatoria a 29 personas involucradas en una presunta red de corrupción que habría operado dentro del organismo. Entre los convocados destaca Diego Spagnuolo, extitular de la entidad, quien ya se encuentra procesado en el marco de este expediente.
La resolución judicial se dio en sintonía con el requerimiento de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez. Según el cronograma oficial, las declaraciones testimoniales e indagatorias se desarrollarán desde el 28 de abril hasta el 26 de mayo de 2026. La medida busca profundizar en una estructura que, según la fiscalía, fue diseñada para desviar fondos públicos hacia intereses privados.
Una estructura orientada al desvío de fondos públicos
La investigación apunta a la existencia de una organización jerarquizada que operaba dentro de la Andis con el objetivo de generar beneficios económicos ilícitos. Para el juez Lijo, existen pruebas suficientes para sostener que los implicados habrían articulado maniobras para obtener sumas millonarias de dinero, afectando de manera directa el patrimonio del Estado Nacional en un área sensible como es la asistencia a personas con discapacidad.
Además del llamado a indagatoria, la justicia decretó la inhibición general de bienes tanto para las personas físicas como para las empresas vinculadas a la causa. Esta decisión técnica responde a la necesidad de evitar que los acusados se desprendan de activos que podrían ser considerados producto del delito. El objetivo final es garantizar que, en caso de una condena, el Estado pueda recuperar el dinero defraudado.
Los nombres clave detrás de la maniobra investigada
Dentro de la lista de 29 personas citadas, hay figuras que ocuparon puestos estratégicos durante la gestión anterior. Además de Spagnuolo, el juzgado solicitó la ampliación de la declaración de Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud. La justicia considera que su rol fue fundamental en la ejecución de los contratos y prestaciones bajo sospecha.
Otro de los nombres que resuena en el expediente es el de Miguel Ángel Calvete. Se lo investiga bajo la sospecha de actuar como presunto lobbista entre los directivos de la Andis y diversas empresas del sector farmacéutico, específicamente laboratorios y droguerías. La hipótesis principal sugiere que Calvete oficiaba de nexo para facilitar acuerdos espurios que garantizaban la compra de insumos y medicamentos a precios o condiciones irregulares.
Antecedentes y el impacto en el sistema de salud
La causa Andis no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una serie de auditorías que comenzaron a principios de 2024. Durante las inspecciones iniciales, se detectaron irregularidades en la entrega de pensiones por invalidez y en la contratación de servicios de transporte y salud. En muchos casos, los expedientes carecían de los controles mínimos necesarios, lo que facilitaba la filtración de recursos.
El impacto de estas maniobras no es solo económico, sino profundamente social. La Agencia Nacional de Discapacidad es el organismo responsable de garantizar derechos fundamentales a uno de los sectores más vulnerables de la población. El desvío de fondos en esta área implica, de manera directa, una degradación en la calidad de las prestaciones médicas y asistenciales que reciben miles de ciudadanos en todo el país.
El camino judicial hacia el juicio oral
Con la fijación de estas fechas para las indagatorias, la causa entra en una etapa de definiciones. El juzgado buscará recolectar las últimas pruebas testimoniales antes de decidir si eleva el caso a juicio oral. La defensa de Spagnuolo y de los otros procesados deberá responder ante las evidencias recolectadas por los fiscales Picardi y Rodríguez, quienes han acumulado documentación sobre transferencias bancarias y registros administrativos que comprometerían a los exfuncionarios.
Se espera que las jornadas de mayo sean intensas en Comodoro Py, dado el volumen de imputados y la complejidad de la trama societaria involucrada. Mientras tanto, la inhibición de bienes se mantiene firme como una señal de la justicia para asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias patrimoniales de sus actos, más allá de las posibles penas de prisión.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.