El Gobierno provincial notificó al primer responsable solidario para recuperar los costos operativos del despliegue policial. Los padres del menor identificado deberán abonar la suma millonaria en concepto de daños al patrimonio público.
El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe dio un paso determinante en su estrategia para combatir las falsas amenazas contra establecimientos educativos. En una resolución sin precedentes por su impacto económico directo sobre el entorno familiar del autor, el Ejecutivo provincial envió la primera intimación de pago a los padres de un menor de edad que realizó una amenaza contra una escuela. El monto exigido supera los 6 millones de pesos, destinados a cubrir los recursos logísticos y humanos movilizados durante el operativo de seguridad.
La medida, confirmada por el titular de la cartera de seguridad, Pablo Cococcioni, marca el inicio de una ofensiva administrativa que busca desincentivar este tipo de conductas que, en los últimos meses, han provocado caos en la comunidad educativa y un gasto excesivo de fondos públicos. La identificación del autor permitió que el Estado provincial active el protocolo de responsabilidad solidaria, obligando a los adultos a cargo a responder patrimonialmente por el acto cometido por el menor.
Los costos operativos y la responsabilidad solidaria de los padres
El procedimiento administrativo se concretó este lunes, cuando agentes policiales se presentaron en el domicilio de los responsables para entregar la notificación formal. Según trascendió, el padre del menor reaccionó con resignación y sorpresa ante la abultada cifra que figura en la deuda. La suma exacta reclamada por el fisco provincial asciende a $6.024.944, cifra que contempla el despliegue de móviles, el personal especializado en explosivos, el lucro cesante de los agentes afectados y el combustible utilizado durante la jornada de la amenaza.
La figura de la "responsabilidad solidaria" es el eje central de esta política pública. Bajo este marco jurídico, los tutores legales de un menor deben hacerse cargo de los perjuicios económicos derivados de sus actos. En el caso de las amenazas a escuelas, cada operativo implica la evacuación del edificio, el corte de calles y la intervención de brigadas de canes y técnicos, lo que paraliza no solo la actividad escolar sino también el normal flujo de la zona afectada.
El plan oficial para recuperar $250 millones por operativos de seguridad
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad explicaron que esta no será una acción aislada. La provincia de Santa Fe tiene como objetivo recuperar una cifra cercana a los 250 millones de pesos, equivalente a la sumatoria de gastos generados por la ola de intimidaciones telefónicas y digitales que afectaron a decenas de instituciones en el último período.
"Se notificó a ambos padres de un individuo menor de edad identificado como autor de una de estas amenazas. Deberán abonar más de 6 millones de pesos para reparar el patrimonio gastado en el operativo", detalló el ministro Pablo Cococcioni.
El funcionario también adelantó que ya existen otros expedientes en curso donde se han logrado identificar a los autores de hechos similares. La intención oficial es que el mensaje llegue con claridad a los hogares: el uso irresponsable de los servicios de emergencia tiene consecuencias económicas severas. Esta política de "mano dura administrativa" se suma a las causas penales que ya tramita el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El impacto de las falsas amenazas en la comunidad educativa
Más allá del perjuicio económico al Estado, las falsas amenazas de bomba y de tiroteos han generado un desgaste significativo en el sistema escolar santafesino. La interrupción de las clases y el temor generado en alumnos y docentes representan un costo social difícil de cuantificar, pero que la gestión actual busca mitigar mediante sanciones ejemplares.
El despliegue innecesario de fuerzas de seguridad también desprotege otras zonas de la ciudad, ya que los efectivos que deberían estar realizando tareas de prevención o patrullaje en barrios conflictivos terminan abocados a protocolos de evacuación por llamadas que resultan ser falsas alarmas o "bromas" de mal gusto. Con esta primera intimación, el Gobierno santafesino espera que las familias tomen conciencia sobre la supervisión de la actividad digital y telefónica de los menores de edad.
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