La Justicia recibió una ampliación de la denuncia contra el presidente Javier Milei por presuntas irregularidades en el financiamiento de la presentación de su libro en mayo de 2024. La presentación judicial apunta a un posible desvío de fondos públicos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para costear el evento.
El vínculo con la Agencia Nacional de Discapacidad
La ampliación de la denuncia, presentada ante el Juzgado Federal N° 4, sostiene que parte de la logística y los recursos utilizados en el Movistar Arena habrían provenido de partidas presupuestarias originalmente destinadas a la ANDIS. Los denunciantes argumentan que existió una estructura coordinada para desviar fondos estatales hacia un evento de carácter privado y promocional del Jefe de Estado.
Según el escrito, el foco está puesto en la contratación de servicios y personal que, bajo la apariencia de tareas oficiales, habrían prestado funciones exclusivas para el montaje del espectáculo donde Milei cantó y presentó su obra "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica".
Irregularidades en las contrataciones de seguridad y técnica
La investigación preliminar busca determinar si las empresas proveedoras de sonido, iluminación y seguridad privada fueron abonadas mediante contratos directos con el Estado Nacional. Se estima que el costo operativo del evento superó los 30 millones de pesos, una cifra que la Libertad Avanza aseguró en su momento que fue cubierta por la editorial y donaciones privadas.
"Es imperativo determinar la trazabilidad del dinero utilizado, dado que existen sospechas fundadas sobre el uso de la estructura de la ANDIS para fines ajenos a su competencia", detalla el documento judicial. La ampliación solicita que se periten los movimientos bancarios de las cuentas oficiales del organismo durante la semana previa al show.
Antecedentes y contexto del evento en el Movistar Arena
El evento del 22 de mayo de 2024 generó controversia desde su inicio, no solo por el perfil mediático del mandatario sobre el escenario, sino por la falta de transparencia inmediata en la rendición de cuentas. Originalmente, el Gobierno afirmó que el Luna Park (sede barajada inicialmente) y luego el Movistar Arena no representarían un gasto para el erario público.
Sin embargo, esta nueva presentación judicial se suma a una serie de cuestionamientos sobre el uso de bienes públicos para actividades de tinte partidario. En paralelo, la Auditoría General de la Nación (AGN) mantiene bajo observación otros movimientos de fondos dentro de la ANDIS, organismo que ha sufrido fuertes recortes de personal y presupuesto desde el inicio de la gestión actual.


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