La Cámara de Diputados de Santa Fe avanza en el tratamiento de una reforma integral al Código Procesal Laboral, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo provincial que busca poner fin a la denominada “industria del juicio”. El proyecto, que cuenta con el firme respaldo de los sectores productivos, apunta a corregir las distorsiones que colocan a la provincia con una tasa de litigiosidad que duplica la media nacional.
Un nuevo cuerpo de peritos para garantizar objetividad
Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales dependiente del Poder Judicial. El objetivo es que las pericias médicas, fundamentales para determinar el grado de incapacidad en accidentes de trabajo, dejen de estar en manos de peritos cuya retribución dependa del monto de la sentencia.
"Los honorarios de los peritos no estarán vinculados a la cuantía del respectivo juicio ni al porcentaje de incapacidad que se dictamine", establece el texto del proyecto. Con esta medida, el Gobierno provincial busca eliminar los incentivos económicos que, según denuncian las cámaras empresarias, inflan artificialmente los reclamos judiciales y encarecen las alícuotas de las ART.
Límites a la litigiosidad y plazos de caducidad
La normativa también introduce cambios procesales estrictos para evitar la acumulación de demandas por un mismo hecho. A partir de su implementación, se dispone la acumulación de oficio de todas las acciones derivadas de un mismo accidente o enfermedad profesional, impidiendo que un solo episodio se ramifique en múltiples expedientes.
Otro punto de alto impacto es la reducción de los tiempos para litigar. La demanda deberá interponerse dentro de un plazo de 90 días hábiles tras la resolución de la Comisión Médica Jurisdiccional. Según los fundamentos de la ley, esto busca dar previsibilidad al sistema y evitar que los reclamos se dilaten en el tiempo sin una fundamentación técnica sólida que los respalde.
El reclamo de los sectores productivos y el impacto económico
La Red de Instituciones por la Producción de Rosario y diversas entidades industriales habían solicitado celeridad en la sanción de esta norma. Los datos que maneja el oficialismo son contundentes: mientras en el país el promedio es de 62 juicios por cada 10.000 trabajadores, en Santa Fe la cifra escala a 148, superando ampliamente a provincias vecinas como Córdoba.
Esta situación genera un sobrecosto directo para las PyMEs santafesinas. "Esta diferencia explica por qué las primas de ART en Santa Fe rondan los 4 puntos, frente al 2,70 nacional; dinero que no va ni al empresario ni al trabajador", señalaron fuentes legislativas vinculadas al proyecto. La reforma busca, en última instancia, mejorar la competitividad del entramado productivo y fomentar la creación de empleo registrado.
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