Lo que debía ser una visita protocolar para celebrar el avance de la cooperación energética entre Tierra del Fuego y China terminó en un incómodo cruce de datos técnicos y legales. Durante la recorrida del embajador Wang Wei por el predio de la nueva usina eléctrica de Ushuaia, la comitiva asiática detectó que el proyecto no cuenta con planos aprobados por las autoridades municipales ni con el aval correspondiente de la Legislatura provincial, un requisito indispensable para obras de esta magnitud geopolítica y presupuestaria.
Un desembarco bajo la lupa técnica
La nueva central térmica, ubicada en un predio de cuatro hectáreas sobre la Ruta 35 a la vera del río Olivia, es el eje del plan energético del gobernador Gustavo Melella. Sin embargo, la celeridad del Ejecutivo por mostrar avances chocó con la rigurosidad de los inversores. Según trascendió de fuentes parlamentarias, los representantes chinos manifestaron su sorpresa al constatar que la documentación técnica aún no ha pasado por los filtros regulatorios locales, lo que deja a la construcción en un limbo legal.
El proyecto es desarrollado por Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A., una firma de capitales chinos que actúa como cara visible de la inversión. A pesar de que el Gobierno provincial promociona la obra como la solución definitiva al déficit energético para los próximos 30 años, el descubrimiento de la falta de planos ratificados generó tensión en el arco político fueguino, donde la oposición ya reclama informes sobre la transparencia de los convenios.
Presión geopolítica y el "cerebro" de Huawei
La irregularidad administrativa se suma a una creciente preocupación por la soberanía tecnológica. Se confirmó que la usina no solo utilizará motores de origen chino, sino que su sistema de control y comunicaciones críticas será provisto por el gigante Huawei. Esta decisión coloca a la provincia en el centro de una disputa global, dado que Estados Unidos ha presionado reiteradamente para limitar la presencia de dicha firma en infraestructuras sensibles del cono sur, alegando riesgos de seguridad.
“China descubre en Ushuaia que la usina no tiene planos aprobados ni aval legislativo”, señalan los informes que circularon tras la visita, destacando la contradicción entre el despliegue de maquinaria en el terreno y la precariedad de los papeles. El predio, que actualmente registra movimientos de suelo, es el mismo donde originalmente se proyectaba una planta de urea y un puerto multipropósito, proyectos que también estuvieron rodeados de controversia años atrás.
El rol de la Legislatura y el futuro de la obra
Para que la usina sea legalmente viable, el Ejecutivo debe enviar los convenios a la Legislatura para su ratificación. Sin embargo, la estrategia de Melella ha sido evitar el debate parlamentario bajo el argumento de que se trata de acuerdos entre privados. Esta postura es rechazada por diversos sectores que sostienen que, al comprometer recursos estratégicos y el suministro eléctrico de la capital, el control legislativo es obligatorio.
La situación deja el proyecto en una encrucijada: mientras los equipos principales ya se encuentran en puertos chinos listos para ser embarcados, la falta de seguridad jurídica en Tierra del Fuego podría retrasar el financiamiento del banco ICBC y otros actores financieros involucrados. La delegación de Beijing, aunque ratificó su interés, dejó claro que la previsibilidad política y legal es una condición innegociable para continuar con el desembarco de capitales en la región más austral del país.
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