El Gobierno Nacional comenzó a trazar la arquitectura definitiva del organismo que tendrá a su cargo la fiscalización de la Vía Navegable Troncal (VNT). En una etapa decisiva de la licitación por los próximos 25 años, la creación de este ente técnico busca garantizar la transparencia y la eficiencia operativa de la principal "autopista fluvial" por la que circula el 80% de las exportaciones agroindustriales del país.
Un esquema con fuerte protagonismo del sector privado
A diferencia de modelos anteriores, la nueva estructura del órgano de control —que funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables liderada por Iñaki Arreseygor— otorgará un rol central a los usuarios directos del sistema. Esto incluye a cámaras portuarias, agroexportadores y navieras, quienes vienen reclamando una supervisión técnica profesional que evite discrecionalidades.
Las principales entidades del sector, como la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y CIARA-CEC, han manifestado su respaldo a este organismo. "El órgano de control debe ser un ente estable, profesionalizado y con capacidad técnica propia; no meramente consultivo, sino con funciones reales de supervisión", señalaron fuentes vinculadas a la negociación. El objetivo es que los privados no solo aporten financiamiento a través de tarifas, sino que auditen el cumplimiento del dragado y balizamiento.
Rosario se postula como capital del control fluvial
En el marco de este debate, la provincia de Santa Fe, encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro, elevó un reclamo formal para que la sede permanente del ente se instale en Rosario. La propuesta no es azarosa: la provincia concentra 849 kilómetros de la vía navegable y es el núcleo donde operan los puertos más importantes del Gran Rosario.
El ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, subrayó que Santa Fe debe tener un rol protagónico con decisiones vinculantes. La intención es que el ente cuente con un monitoreo en tiempo real de los datos de navegación y certificaciones técnicas, permitiendo que la fiscalización económica y ambiental no quede centralizada en oficinas porteñas, sino en el lugar donde ocurre la actividad.
Desafíos y transparencia internacional
La configuración de este organismo es mirada de cerca por los tres grupos internacionales que presentaron ofertas para la concesión, la cual prevé inversiones superiores a los 10.000 millones de dólares. El proceso cuenta además con la auditoría de Naciones Unidas, una medida implementada para blindar la licitación tras intentos fallidos en años anteriores.
La conformación final del ente será clave para definir la competitividad de los costos logísticos en las próximas décadas. Mientras se define si las provincias ribereñas tendrán una silla con voto o solo voz, el Gobierno acelera los plazos para que el organismo esté operativo antes de que el nuevo concesionario privado tome el mando de la ruta fluvial más estratégica de la región.
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