El congreso se realizó del 18 al 20 de marzo en la Facultad de Humanidades de la UNR. (Alan Monzón/Rosario3)
A medio siglo del inicio de la última dictadura militar, la sociedad argentina ratifica un compromiso mayoritario con el ejercicio de la memoria. Según un reciente relevamiento, el 73% de la población considera fundamental recordar los crímenes del terrorismo de Estado para fortalecer la democracia actual.
El consenso social frente al olvido
El estudio estadístico refleja que, pese al paso de las décadas, la importancia de la memoria histórica permanece arraigada en la identidad civil argentina. La mayoría de los encuestados coincide en que recordar el proceso iniciado en 1976 es una herramienta de prevención contra futuras rupturas institucionales.
Este dato surge en un clima de debate intenso sobre el pasado reciente. Los especialistas señalan que el respaldo a las políticas de Verdad y Justicia sigue siendo un pilar, especialmente en los sectores que vivieron la transición democrática y en las nuevas generaciones educadas en derechos humanos.
Un plan represivo para el disciplinamiento social
El golpe de Estado no fue un hecho aislado, sino la ejecución de un plan sistemático de violencia inédito en la región. El objetivo de las juntas militares fue cortar de raíz lo que denominaban "subversión", pero el alcance fue mucho más allá: se buscó un disciplinamiento social definitivo.
“El carácter del plan represivo fue quirúrgico y masivo a la vez, diseñado para desarticular cualquier forma de organización política, gremial o social”, explican investigadores del período. Este sistema incluyó centros clandestinos de detención y la desaparición forzada de personas como método de control.
El impacto de aquellas medidas económicas y sociales aún resuena en la estructura del país. La represión no solo buscaba el exterminio físico de los opositores, sino también la instauración de un modelo cultural basado en el miedo y la obediencia, rompiendo los lazos de solidaridad comunitaria.
El ascenso de los discursos negacionistas
Al cumplirse 50 años del golpe, el escenario político presenta una paradoja: mientras la sociedad pide memoria, ciertos discursos que antes eran marginales han escalado hasta los niveles más altos del poder. Estas narrativas cuestionan las cifras de desaparecidos y relativizan el accionar del Estado.
Expertos advierten que el ingreso de estas posturas en la agenda oficial representa un desafío para el consenso democrático construido desde 1983. Lo que antes se limitaba a círculos militares o sectores ultra conservadores, hoy encuentra eco en plataformas digitales y debates parlamentarios.
El desafío de la fecha actual radica en cómo procesar estos nuevos cuestionamientos sin quebrar la convivencia social. La cifra del 73% de apoyo a la memoria funciona, en este contexto, como un límite ético que la propia ciudadanía impone frente a los intentos de reescribir la historia.
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