El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe detectó, mediante tareas de inteligencia y escuchas telefónicas, un plan organizado para atentar contra el gobernador Maximiliano Pullaro. La información surgió tras una serie de intervenciones que encendieron las alarmas en el seno del Ejecutivo provincial.
Intervenciones clave y el origen de la amenaza
La investigación se originó a partir de una escucha judicial donde se mencionaba explícitamente la intención de atacar al mandatario. Según fuentes oficiales, el plan estaba en una etapa de coordinación, lo que obligó a una reestructuración inmediata de los protocolos de seguridad estatales.
"No vamos a dar ni un paso atrás en la lucha contra las mafias", señalaron desde el entorno del gobernador, reafirmando que estas amenazas son una respuesta directa al endurecimiento de las condiciones de detención en los penales santafesinos y el control de las calles.
Refuerzo de la custodia y medidas preventivas
Ante la gravedad del hallazgo, se dispuso un incremento significativo en la custodia personal de Pullaro y de su círculo familiar más cercano. El despliegue incluye operativos especiales en sus traslados y una vigilancia permanente en los edificios públicos donde desarrolla su agenda diaria.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) trabaja ahora para identificar con precisión a los autores materiales e intelectuales detrás de la conversación interceptada. Se busca determinar si el plan contaba con apoyo logístico externo o si provenía exclusivamente de estructuras carcelarias.
El trasfondo de la lucha contra el narcotráfico
Este episodio no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una escalada de tensiones desde que la actual gestión asumió el cargo. La política de seguridad se ha caracterizado por el traslado de presos de alto perfil a pabellones de máxima seguridad y la restricción de beneficios.
Desde el Gobierno provincial sostienen que estas amenazas buscan amedrentar la voluntad política de combatir el crimen organizado en Rosario y sus alrededores. Sin embargo, aseguran que la hoja de ruta en materia de seguridad se mantendrá sin modificaciones pese a los riesgos detectados por inteligencia.
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