La Universidad Nacional de Rosario (UNR) atraviesa una semana de alta tensión gremial. Tras adherirse al paro nacional docente convocado para este lunes, los trabajadores nucleados en la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores (COAD) mantienen el estado de alerta y movilización, debatiendo medidas de fuerza más profundas que podrían paralizar la actividad académica en el corto plazo.
El eje del conflicto, que se arrastra desde hace años pero se ha intensificado en los últimos meses, combina un reclamo urgente por la recomposición salarial frente a la inflación y una preocupación crítica por el presupuesto universitario. Los docentes denuncian que la falta de recursos y el ajuste en el sector amenazan no solo la economía de los trabajadores, sino el funcionamiento mismo de la institución.
Un plan de lucha en escalada
La conducción del gremio ha dejado claro que el esquema tradicional de paros de 24 o 48 horas ha perdido efectividad. Según el secretario general de COAD, Federico Gayoso, la situación actual exige respuestas drásticas: “Es un paso necesario porque está en juego la supervivencia misma del sistema”. La posibilidad de un paro por tiempo indeterminado se perfila como la principal herramienta de presión ante el Gobierno nacional.
En las asambleas y consultas internas, los docentes han barajado diversos esquemas de lucha. Entre las opciones analizadas, se destaca un plan de extensión progresiva de medidas de fuerza: una semana de paro en marzo, dos semanas en abril y tres en mayo, con el objetivo final de alcanzar una huelga sin plazo definido si las negociaciones paritarias no ofrecen una solución satisfactoria para el sector.
El trasfondo: salarios y presupuesto
El malestar docente tiene raíces profundas que exceden la discusión salarial. La comunidad universitaria advierte sobre un "éxodo" de profesionales que abandonan sus cargos ante la pérdida del poder adquisitivo. “Todos los días tenemos que ver cómo un compañero o compañera renuncia a su cargo”, graficó Gayoso sobre la realidad que atraviesan las facultades.
A esto se suma el rechazo a cualquier intento de modificar la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa clave para garantizar la operatividad de las universidades públicas. Para el gremio, el ajuste no solo impacta en los sueldos, sino también en las condiciones básicas para garantizar el cursado, la investigación y el mantenimiento de la infraestructura en todas las facultades de la UNR.
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