La presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, endureció su discurso frente a la problemática de los cuidacoches en la ciudad. En un contexto de creciente malestar vecinal, la funcionaria calificó la actividad como una práctica extorsiva y llamó al cuerpo legislativo a avanzar en normas que eliminen definitivamente el cobro ilegal por estacionar en la vía pública.
El rechazo a la regularización de los "trapitos"
Schmuck fue categórica al diferenciar la necesidad social de lo que considera un delito encubierto bajo la fachada de la economía popular. Para la presidenta del Concejo, no existe un marco legal posible para una actividad que se basa en la coacción hacia los conductores.
“Cobrarle a alguien por estacionar no es trabajo. Es extorsión. Y la extorsión no se tolera, se termina. Esto no es una changa, es una amenaza”, sentenció Schmuck. La funcionaria marcó así una distancia insalvable con aquellos sectores políticos que proponen la creación de registros o cooperativas para formalizar a los trabajadores informales.
Datos alarmantes sobre la presencia en las calles
El conflicto no es solo retórico, sino que está respaldado por cifras oficiales que muestran la magnitud del fenómeno en Rosario. Durante 2025, el municipio relevó a 754 cuidacoches identificados, con focos críticos en zonas gastronómicas y de esparcimiento.
Los puntos de mayor conflicto incluyen el Boulevard Oroño, la Avenida Pellegrini, Pichincha, la Costanera central y el Paseo del Siglo. En el último año, los operativos conjuntos entre la Secretaría de Control y Convivencia y la Policía provincial derivaron en la detención de 202 personas, duplicando los registros del año anterior.
Un pedido de acción legislativa inmediata
Para la titular del Palacio Vasallo, la solución no debe pasar por medidas superficiales que "maquillen" el problema. Schmuck insistió en que el Estado debe ofrecer herramientas de salida laboral genuinas para quienes lo necesitan, pero sin permitir que el miedo sea la moneda de cambio en las calles.
“Creer que un carnet o una cooperativa va a frenar el apriete es no entender nada. El Concejo tiene que tomar una decisión clara”, afirmó. Según su visión, el cuerpo legislativo tiene la responsabilidad de dictar reglas que no dejen lugar a ambigüedades: quien ejerce violencia o amenaza a un vecino para obtener dinero no puede formar parte de ningún esquema formal de la ciudad.
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