La crisis en los mandos medios y técnicos del Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo este viernes con la salida de Carlos Casares, quien presentó su renuncia indeclinable como interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Su partida no es un hecho aislado: se trata de la quinta dimisión de un funcionario en menos de un día, en medio de una reestructuración estatal que promete unificar los entes reguladores energéticos.
El motivo del portazo: la exclusión del nuevo ENRGE
La decisión de Casares se precipita tras confirmarse que no será tenido en cuenta para integrar el directorio del futuro Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), el organismo que absorberá las funciones del Enargas y el ENRE a partir del próximo 1 de marzo de 2026. En su carta de despedida, el ahora exfuncionario no ocultó su malestar con la gestión nacional.
Según se desprende del texto presentado ante el Ministerio de Economía, Casares expresó su sorpresa por la falta de convocatoria para la nueva etapa. “No he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza para continuar colaborando”, disparó el ingeniero, quien también remarcó que, ante este escenario donde se lo considera "prescindible", no cabía otra opción que dar un paso al costado.
Una ola de renuncias en áreas clave
La salida del titular del Enargas se da en un contexto de turbulencia administrativa. En las últimas 24 horas, la Casa Rosada recibió las renuncias de las cabezas de la Secretaría de Transporte, de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA), de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) y de la Unidad de Información Financiera (UIF). El denominador común parece ser el desgaste interno y la reorganización de carteras estratégicas de cara al segundo trimestre del año.
Gestión y antecedentes
Casares ocupaba la intervención desde enero de 2024 y había formado parte de los equipos técnicos que delinearon la política energética de la actual administración, incluyendo capítulos clave de la Ley Bases. Durante su gestión, se avanzó en la Adecuación Tarifaria Transitoria y en una fuerte reducción de la planta de personal del organismo, que pasó de más de 700 empleados a poco más de 500.
Sin embargo, su perfil técnico y su intención de concursar para el directorio del nuevo "super ente" regulador chocaron con la decisión política de renovar las caras para la etapa que se inicia en marzo, sellando así su salida definitiva del esquema gubernamental.
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