La Justicia Federal de Chubut inició una investigación formal para determinar si existió responsabilidad penal por parte de funcionarios públicos en el manejo del devastador incendio en el Parque Nacional Los Alerces. El foco ígneo, que consumió miles de hectáreas de bosque nativo, puso bajo la lupa la eficacia de los operativos de prevención y la gestión de recursos.
El avance de la causa judicial en Chubut
El fiscal federal de Esquel, Federico Baquioni, lidera las actuaciones que buscan establecer si hubo negligencia o incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación no solo se centra en el origen del fuego, sino también en la cadena de mando responsable de la logística inicial para contener las llamas.
Los peritajes preliminares intentan cruzar datos sobre los planes de contingencia vigentes y la disponibilidad real de brigadistas y medios aéreos al momento de detectarse el siniestro. La Justicia busca saber si la respuesta estatal fue acorde a la magnitud de la emergencia ambiental que atravesaba la región.
La hipótesis de la intencionalidad y las omisiones
Si bien la principal línea investigativa sostiene que el incendio fue provocado de manera intencional, la nueva faceta de la causa apunta a las "omisiones" administrativas. Se analiza si las advertencias previas sobre el alto riesgo de incendios fueron debidamente atendidas por las autoridades competentes del área.
"Estamos recolectando toda la documentación sobre los protocolos de actuación y la asignación de presupuesto para el combate del fuego en la zona", detallaron fuentes judiciales vinculadas al caso. Esta medida busca deslindar responsabilidades entre los distintos niveles del Estado involucrados en la protección del área protegida.
Impacto ambiental y consecuencias legales
El incendio en Los Alerces no solo representa una tragedia ecológica por la pérdida de especies milenarias como el alerce, sino que también genera un fuerte impacto social y económico en Chubut. La destrucción del ecosistema afecta directamente al turismo y a la biodiversidad del patrimonio mundial de la UNESCO.
De comprobarse fallas graves en la coordinación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego o en la administración del Parque, los funcionarios implicados podrían enfrentar penas por estrago culposo. La causa avanza con la toma de testimonios a expertos en seguridad ambiental y personal técnico que trabajó en el terreno.
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