El oficialismo entró en una semana clave para el futuro de la reforma laboral. Con el objetivo de llevar el proyecto al recinto el próximo 11 de febrero, los equipos técnicos de La Libertad Avanza aceleran las negociaciones en el Senado para blindar los apoyos necesarios. La estrategia de la Casa Rosada busca consolidar una mayoría que incluya a sectores de la UCR, el PRO y legisladores que responden a gobernadores provinciales, mientras se terminan de analizar propuestas de cámaras empresariales y sectores del sindicalismo.
Negociaciones a contrarreloj en la Cámara Alta
Bajo la conducción de Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, el oficialismo mantiene una agenda cargada de encuentros técnicos para ordenar las sugerencias de los distintos sectores. Aunque el proyecto ya cuenta con dictamen de mayoría, la intención es introducir modificaciones directamente en el recinto para evitar dilaciones. “Las reuniones son muy productivas. Cada institución nos transmite sus preocupaciones y analizamos qué podemos incluir en la ley”, confiaron fuentes del equipo técnico parlamentario.
En este marco, representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la CAME y la Unión Industrial Argentina (UIA) pasaron por el Senado para expresar su respaldo al "espíritu" de la norma, aunque solicitaron precisiones sobre puntos específicos como el fondo de garantía laboral y la litigiosidad. Mario Grinman, titular de la CAC, destacó la importancia de “adaptar la legislación a las transformaciones sociales y tecnológicas que el mercado de trabajo impone hoy”.
El rol de los gobernadores y la presión opositora
Un factor determinante en la votación será el acompañamiento de las provincias. El ministro del Interior, Diego Santilli, trabaja activamente para destrabar el apoyo de mandatarios como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), quienes han condicionado su respaldo a una revisión artículo por artículo. La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero defendió la iniciativa al afirmar que la ley “llevará reglas claras y sin privilegios para generar muchísimos puestos de trabajo”.
Desde la vereda opuesta, Unión por la Patria ratificó su rechazo total mediante un dictamen de minoría. El bloque kirchnerista calificó la medida como un avance sobre los derechos adquiridos y alertó a los gobernadores sobre las consecuencias de acompañar el ajuste. En paralelo, la CGT mantiene el estado de alerta y advierte sobre una posible judicialización si el texto final no contempla sus reclamos históricos sobre la ultraactividad de los convenios colectivos.
Qué sigue en el cronograma oficial
El Gobierno confía en que el inicio de las sesiones extraordinarias, previsto para el 2 de febrero, servirá como plataforma definitiva para la sanción. El plan de Balcarce 50 es claro: cerrar un acuerdo político previo que permita una sesión fluida el 11 de febrero, evitando sorpresas durante la votación en particular. El éxito de esta reforma es visto por el Ejecutivo como una pieza fundamental para apuntalar el crecimiento económico y atraer inversiones en el segundo año de gestión.
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