Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
Los gremios que agrupan a los trabajadores del sector público nacional y provincial confirmaron una jornada de cese de actividades para el próximo martes 11 de febrero. La medida de fuerza surge como respuesta directa al avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei y en reclamo por la pérdida del poder adquisitivo del salario ante la inflación.
Rechazo al capítulo laboral de la Ley Ómnibus
El centro del conflicto radica en las modificaciones que el Ejecutivo nacional pretende implementar sobre el empleo público. Según los representantes sindicales, estas reformas facilitan las cesantías, eliminan la estabilidad laboral establecida en la Constitución y otorgan facultades extraordinarias para reestructurar organismos estatales.
“No vamos a permitir que se desmantele el Estado ni que se vulneren derechos que costaron décadas de lucha”, expresaron desde la conducción de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El gremio advirtió que el plan oficial busca reducir la planta de empleados en áreas clave que brindan servicios directos a la comunidad.
Recomposición salarial y despidos
Además del marco legal, el paro nacional reclama una urgente recomposición salarial que compense la devaluación acumulada desde diciembre. Los sindicatos señalan que las ofertas paritarias actuales se encuentran muy por debajo de los índices de precios al consumidor, lo que empuja a miles de estatales por debajo de la línea de pobreza.
La situación se agrava con las denuncias por despidos en diferentes carteras nacionales y la falta de renovación de contratos en ministerios estratégicos. “El ajuste no lo está pagando la política, lo están pagando los trabajadores que garantizan que el Estado funcione en todo el territorio”, sentenciaron fuentes gremiales tras la asamblea donde se definió la medida.
Alcance de la protesta y movilización
El paro del 11 de febrero incluirá movilizaciones en los principales centros urbanos del país, con una concentración central frente al Congreso de la Nación. Se espera que la medida afecte la atención en organismos de administración pública, oficinas de atención al público y ciertos servicios de salud y educación que dependen del ámbito nacional.
Los organizadores adelantaron que, de no obtener respuestas favorables por parte del Ministerio de Capital Humano o de la cartera de Economía, el plan de lucha podría intensificarse con nuevas medidas de fuerza de mayor duración. El Gobierno, por su parte, mantiene su postura de "déficit cero" y ratifica que los descuentos por los días no trabajados se aplicarán de manera efectiva.
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