La mesa política se reunió en Casa Rosada y decidió avanzar con la modificación de la Ley Penal Juvenil
El Poder Ejecutivo oficializó la ampliación del temario para las sesiones extraordinarias en el Congreso, incorporando el proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil. La iniciativa, que busca establecer un nuevo régimen penal para menores, se suma a un paquete legislativo que el oficialismo pretende acelerar antes del inicio del ciclo parlamentario ordinario.
Un cambio clave en el régimen de imputabilidad
La decisión del Gobierno nacional responde a una de las promesas de campaña vinculadas a la seguridad y la justicia. El eje central del proyecto gira en torno a la baja de la edad de imputabilidad, un debate que genera posiciones encontradas en el arco político pero que el oficialismo considera urgente para combatir la participación de menores en delitos graves.
Fuentes oficiales confirmaron que la intención es dotar a la Justicia de herramientas más dinámicas para abordar la delincuencia juvenil. Con esta incorporación, el Congreso deberá dar tratamiento a una normativa que busca reemplazar la ley vigente, sancionada hace más de cuatro décadas, adaptándola a los estándares internacionales de derechos humanos y seguridad ciudadana.
Los puntos centrales de la agenda legislativa
Además de la reforma penal juvenil, el decreto firmado por el Presidente extiende las facultades de las Cámaras para tratar otros temas de alto impacto. Entre ellos se destacan la reforma política, con el foco puesto en la eliminación de las PASO, y modificaciones estructurales en el sistema judicial para agilizar los procesos penales en todo el país.
“El objetivo es brindar un marco legal moderno que proteja a las víctimas y asegure que no haya impunidad, sin importar la edad de quien cometa un delito grave”, señalaron desde el entorno ministerial. Este movimiento estratégico busca capitalizar el apoyo de sectores de la oposición dialoguista que coinciden en la necesidad de actualizar el Código Penal.
Contexto y expectativas en el Congreso
La inclusión de este tema en las extraordinarias fuerza a las comisiones de Legislación Penal y de Familia a retomar el trabajo de manera inmediata. El oficialismo espera que el debate sea intenso, dado que diversos organismos sociales y sectores de la oposición ya han manifestado reparos sobre el abordaje de la problemática desde una perspectiva puramente punitiva.
El impacto de esta medida es directo en los centros urbanos más afectados por la inseguridad. Según los datos que maneja el Ministerio de Seguridad, la participación de menores en delitos complejos ha mostrado un incremento en los últimos años, lo que fundamenta, según el Ejecutivo, la necesidad de un nuevo marco legal que contemple sanciones claras y procesos de reinserción efectivos.
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