El debate sobre los cuidacoches en Rosario, un conflicto crónico que atraviesa décadas sin una solución definitiva, se encamina a un año clave. De cara a 2026, el Concejo Municipal tiene en estudio al menos siete proyectos que buscan modificar el actual esquema de convivencia urbana. Mientras algunos sectores apuestan por la profesionalización y el registro de quienes ejercen la actividad, otros sectores impulsan la prohibición total y la intervención directa de la fuerza policial para erradicar a los denominados "trapitos" de las calles.
Entre la prohibición y el orden público
La ofensiva más punitiva proviene de varios frentes del cuerpo deliberativo. Concejales como Federico Lifschitz, del oficialismo, proponen la erradicación paulatina de la práctica informal, especialmente en zonas de estacionamiento medido y grandes eventos. "Se busca distinguir a personas que realizan esta práctica de buena fe de aquellos que participan en hechos violentos o extorsivos", señala el proyecto, que además propone utilizar herramientas digitales como el Munibot para canalizar denuncias ciudadanas.
Por su parte, el bloque de Pro, encabezado por Anita Martínez y el exedil Carlos Cardozo, impulsa la incorporación del artículo 300 bis al Código de Convivencia. Esta reforma busca prohibir explícitamente la actividad bajo pena de multas que se duplicarían en caso de amenazas y se triplicarían si existe una organización detrás del servicio. A esta postura se sumará en 2026 el referente de La Libertad Avanza, Juan Pedro Aleart, quien también se inclina por la eliminación definitiva de la actividad.
Registro e inclusión: la mirada social del conflicto
En la vereda opuesta, existen propuestas que plantean que la solución no es la exclusión, sino la formalización. La concejala Fernanda Gigliani defiende la creación de un padrón de inclusión sociolaboral. Su iniciativa prevé capacitaciones obligatorias y una vestimenta oficial, estableciendo que la contribución de los automovilistas sea estrictamente voluntaria.
Este proyecto contempla además un cupo social:
10% de las plazas reservadas para mujeres víctimas de violencia de género.
5% para minorías sexuales.
Zonas y horarios determinados por la Secretaría de Desarrollo Humano.
Incluso propuestas de particulares, como la de la Fundación Máxima Seguridad, sugieren un modelo de "monotributistas" con certificados de buena conducta y una "tarjeta de contribución" cuyo valor se promediaría entre el estacionamiento privado y el medido.
El reclamo de las vecinales y la autonomía municipal
El malestar social es el motor que acelera estos proyectos. Vecinales como la "Ernesto Sábato" (Paseo del Siglo) denuncian una "invasión perturbadora y amenazante" que afecta tanto a comercios como a vecinos. Ante esta presión, la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, adelantó que 2026 será el año de la gestión operativa: "Hay que aprovechar la autonomía para acordar con Provincia competencias y recursos para organizar el control de la calle".
En sintonía, la concejala Carolina Labayru y el senador Ciro Seisas trabajan en una reforma al Código Contravencional provincial. "La única manera es que la policía recupere el control de la calle junto a los inspectores; debemos identificar quién es recuperable y quién es un delincuente que se hace pasar por trapito", sentenció Seisas. El desafío para el próximo año será encontrar el equilibrio entre la demanda de orden público y la realidad social de cientos de familias que dependen de la actividad.
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