El Gobierno nacional avanza en su plan de reforma judicial y presentó los detalles del nuevo Código Penal que busca modificar el sistema de castigos de forma integral. El proyecto tiene como eje central el agravamiento de las penas para casi la totalidad de los delitos y la limitación estricta de las salidas anticipadas.
La iniciativa, impulsada con la meta de combatir la inseguridad, plantea un cambio drástico en la matriz punitiva, endureciendo los tiempos de prisión y la aplicación efectiva de las sentencias.
Penas más duras: así cambian las condenas en el nuevo Código
Una de las modificaciones más resonantes impacta en el delito de homicidio simple, cuya pena pasaría de los actuales 8 a 25 años de prisión a una escala de 10 a 30 años.
Las lesiones leves también verán incrementado su marco penal, pasando de 1 mes a 1 año de sanción, a una de 1 a 3 años de cárcel.
El proyecto también endurece las condenas en casos sensibles como la pornografía infantil, que pasaría a tener una pena máxima de 12 años, duplicando el límite actual.
Otros delitos, como la usurpación, el hurto y la estafa, verán elevarse sus máximos, buscando enviar una señal clara de tolerancia cero ante la criminalidad.
Imprescriptibilidad y cumplimiento efectivo de la pena
Un punto crucial de la reforma es la imprescriptibilidad que aplicará a aquellos delitos considerados especialmente graves por la administración.
Entre ellos figuran el homicidio agravado, todas las modalidades de abuso sexual y grooming, la trata de personas y el secuestro extorsivo, entre otros.
Esta medida asegura que, incluso con el paso del tiempo, el Estado no perderá la potestad de juzgar y condenar a los responsables de crímenes aberrantes.
Además, el texto legal establece que el 82% de los delitos contemplados serán de cumplimiento con prisión efectiva, limitando al máximo la excarcelación.
También se restringe la liberación anticipada para quienes cometan delitos como robo con armas, homicidio o reincidan en la comisión de crímenes.
Otras claves de la reforma: Legítima Defensa y funcionarios
El proyecto también incluye una robusta modificación del marco de la legítima defensa, buscando dar mayor seguridad jurídica a quienes deban usar la fuerza para proteger su vida o bienes.
Asimismo, se incorpora una cláusula para quitar privilegios a los políticos o empleados públicos que sean condenados en ejercicio de su función.
En estos casos, los funcionarios públicos perderán de manera automática su jubilación de privilegio, actuando como un disuasivo contra la corrupción.
Finalmente, las condenas perpetuas ya no tendrán un límite temporal preestablecido, lo que impacta directamente en el cumplimiento total de la pena para los delitos más severos.
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