En una jornada marcada por la tensión política y el aceleramiento de los tiempos legislativos, el oficialismo logró este martes emitir el dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026. Con el respaldo de sus socios estratégicos, el Gobierno se encamina a tratar la ley en una sesión especial convocada para este miércoles, bajo la premisa irrenunciable del equilibrio fiscal.
Un acuerdo político para el ajuste estructural
La comisión de Presupuesto y Hacienda, encabezada por Alberto Benegas Lynch, fue el escenario donde La Libertad Avanza (LLA) consolidó su alianza parlamentaria. El dictamen de mayoría obtuvo 28 firmas, gracias al apoyo de bloques como el PRO, la UCR, el MID e Innovación Federal, entre otros sectores que acompañaron con disidencias parciales.
El texto final presenta modificaciones sustanciales respecto al borrador enviado originalmente por el Poder Ejecutivo. El cambio más polémico es la derogación explícita de leyes que garantizaban fondos específicos para las universidades nacionales, la Emergencia en Discapacidad y el financiamiento del Hospital Garrahan, normas que el Congreso había ratificado previamente tras los vetos presidenciales.
El eje del oficialismo: déficit cero y previsibilidad
Desde el sector gubernamental, la defensa del proyecto se centró en la estabilidad macroeconómica. El jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, destacó la importancia de enviar un mensaje de austeridad a los mercados internacionales y a la ciudadanía.
“Vamos a mostrar al mundo que somos un país serio, que tenemos un presupuesto, que sabemos cómo gastarlo y que lo gastamos equilibradamente en beneficio de todos los argentinos”, afirmó el legislador cordobés. Según Bornoroni, este cambio estructural garantiza que no se gaste más de lo que ingresa, eliminando definitivamente el recurso de la emisión monetaria.
La ofensiva de la oposición y el reclamo por educación
Unión por la Patria (UP) presentó un dictamen de minoría con 18 firmas, rechazando de plano el recorte en áreas sociales y educativas. El titular de la bancada, Germán Martínez, cuestionó la eliminación del artículo que obliga al Estado a destinar el 6% del PBI a la educación.
“Queremos posicionarnos claramente en contra del artículo 30 que plantea, entre otras cosas, la derogación de la ley de financiamiento educativo”, señaló Martínez. La propuesta del peronismo busca elevar los fondos universitarios a 7.3 billones de pesos para 2026, una cifra significativamente superior a los 4.8 billones que proyecta la administración de Javier Milei.
Fondos para provincias y leyes en la mira
Además del conflicto por el financiamiento pedagógico y pediátrico, la oposición puso el foco en la coparticipación. El debate por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la distribución del impuesto a los combustibles líquidos promete ser un punto de conflicto en el recinto.
“Hay que terminar con esta discrecionalidad y este escándalo. Que los ATN lleguen a todas las provincias y no solamente a las que garanticen algunos votos”, recriminó Martínez, apuntando contra el uso de recursos para asegurar voluntades legislativas. Con este escenario de fragmentación y acusaciones cruzadas, la Cámara de Diputados se prepara para una sesión maratónica que definirá el rumbo económico del próximo año.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.