Familiares y amigos de las víctimas del fentanilo adulterado se movilizaron este martes al Monumento a la Bandera en Rosario para exigir avances en la causa penal. El reclamo, que se replicó simultáneamente en La Plata, busca visibilizar las 124 muertes ocurridas por la contaminación de ampollas utilizadas para sedación.
Un reclamo federal por las vidas perdidas
La manifestación en Rosario tuvo un fuerte componente emotivo bajo el lema: “No son números, son vidas”. La movilización local puso el foco en las 30 víctimas rosarinas, aunque los organizadores advierten que la cifra total de fallecidos en todo el país podría ser superior a la oficial.
En paralelo, otro grupo de familiares se concentró en La Plata, ciudad donde se tramita la causa judicial. Los manifestantes proyectaron videos y compartieron testimonios para denunciar lo que consideran una "cadena de desidias" que permitió la comercialización de la droga contaminada.
Sospechas de víctimas no oficializadas
Carla Maino, hija de una de las víctimas y referente de la organización, advirtió sobre la falta de datos claros en los centros de salud. Según indicó, existen muchas familias que atraviesan duelos por muertes dudosas y desconocen si el deceso se produjo por el suministro del lote adulterado.
“La cantidad de víctimas no condice con las dosis aplicadas en todo el país, por lo que se sospecha sobre víctimas aún no oficializadas”, expresó Maino en diálogo con la prensa local. Ante esta situación, las familias habilitaron canales de contacto en redes sociales para asesorar a quienes sospechen de casos similares.
El avance de la causa y la fecha del juicio
A pesar del dolor, los familiares destacaron el trabajo del juez federal Ernesto Kreplac. Según informaron, el juzgado mantuvo comunicación directa con las familias identificadas, marcando un contraste con la actitud de las instituciones de salud y los entes de control que no brindaron respuestas iniciales.
“Queremos que esto se mantenga como un grito de las familias de que esto no puede ser en vano. El juez nos dijo que van a seguir trabajando en enero para que en junio de 2026 tengamos el juicio”, confirmó Maino. La investigación apunta a la responsabilidad del laboratorio fabricante y la droguería que distribuyó el producto.
Fallas de control y responsabilidades
Para los denunciantes, la tragedia era prevenible. Apuntan contra el laboratorio Ramallo S.A. y la droguería HLB Pharma por haber lanzado la droga al mercado a principios de 2024, ignorando supuestas advertencias previas y deficiencias en los procesos de seguridad sanitaria.
Asimismo, el reclamo se extiende al Ministerio de Salud de la Nación y a los organismos de control. Los familiares sostienen que existían denuncias desde el año 2018 que no fueron atendidas a tiempo, lo que derivó en lo que califican técnicamente como un homicidio provocado por la corrupción y la falta de vigilancia estatal.
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