La Corte Suprema avaló este jueves la constitucionalidad de la reforma previsional sancionada durante la gestión de Mauricio Macri en 2017, una norma que en su momento desató masivas protestas y violentos incidentes frente al Congreso. Los jueces del Máximo Tribunal, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, revocaron un fallo de la Cámara que había objetado el impacto retroactivo de la nueva fórmula.
El rechazo al planteo por la pérdida económica
El fallo se produjo al resolver una demanda iniciada por el exdirector de ANSES, Miguel Fernández Pastor, quien argumentaba que el cambio en el sistema de cálculo de movilidad generó una pérdida económica para los beneficiarios. La Cámara Federal de la Seguridad Social había dado lugar a este reclamo, generando una expectativa sobre la retroactividad de la ley.
La Corte, sin embargo, rechazó el planteo. Argumentó que el Congreso Nacional tiene la facultad de modificar los regímenes de movilidad, siempre y cuando no se afecte el contenido económico sustancial de las jubilaciones.
Además, el Tribunal sostuvo que "no existe un derecho adquirido a mantener un método de cálculo determinado". Para los jueces, la sustitución de un sistema por otro no viola por sí misma un derecho constitucional.
Claves del aval judicial y la fórmula de 2017
El Máximo Tribunal se centró en el reclamo que apuntaba a la aplicación retroactiva de la ley. La Sala III de la Cámara había considerado inconstitucional el artículo 2 de la Ley 27.426, que regulaba el cálculo del haber inicial.
El fallo de la Corte explicó que, al momento de la sanción, el incremento semestral previsto en la ley anterior no estaba "devengado" dado que el cálculo se perfeccionaba recién en marzo del año siguiente. Por lo tanto, concluyó que la nueva ley, al aplicarse de inmediato, no incurrió en retroactividad.
La ley aprobada en 2017, la Ley 27.426, estableció una movilidad trimestral (en marzo, junio, septiembre y diciembre) compuesta por un 70% de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) del INDEC y un 30% de los cambios en la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Esta fórmula fue suspendida a fines de 2019 por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
El antecedente de las protestas masivas
La sanción de esta reforma previsional a finales de 2017 fue uno de los momentos de mayor tensión social durante el gobierno de Cambiemos. El debate en el Congreso se llevó a cabo en medio de fuertes disturbios, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
En aquel momento, el reclamo de los sectores opositores y sindicales se centró en que el cambio de fórmula implicaba una fuerte pérdida del poder adquisitivo para los jubilados, estimaciones que indicaban una reducción significativa para 2018 y 2019.
La decisión de la Corte, casi ocho años después, ratifica la legalidad de la cuestionada norma que generó un quiebre en el clima político y social de ese período.
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