La Confederación General del Trabajo (CGT) encabezará este jueves una masiva movilización a Plaza de Mayo para manifestar su rechazo integral al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. Con una convocatoria estimada en 150.000 personas, la central obrera busca marcar un límite a la iniciativa que ya comenzó su tratamiento en las comisiones del Senado, denunciando que las modificaciones propuestas vulneran derechos históricos de los trabajadores.
El impacto en las indemnizaciones y la precarización
Uno de los ejes centrales del conflicto radica en la modificación del esquema indemnizatorio. Según un documento interno de la central obrera, el proyecto oficial excluye el aguinaldo y otros rubros de la base de cálculo para los despidos. Además, la letra chica del texto elimina la obligatoriedad del preaviso durante el período de prueba y quita la posibilidad de reclamar indemnizaciones por falta de registración laboral.
Para la CGT, el proyecto promueve una figura de "trabajador independiente" que encubre la relación de dependencia en sectores clave. “La reforma excluye de la Ley de Contrato de Trabajo a los prestadores de plataformas tecnológicas y al transporte de flete, considerándolos autónomos”, advierte el informe técnico que circula entre los despachos sindicales.
Restricciones a la actividad gremial y libertad sindical
El malestar de los sindicatos se profundiza al analizar los artículos que regulan la vida interna de las organizaciones. El proyecto establece que las asambleas en los lugares de trabajo requerirán autorización previa del empleador y que ese tiempo no será remunerado. Según el triunvirato de la calle Azopardo, esto somete un derecho fundamental a la voluntad patronal.
“El ejercicio de un derecho fundamental pasa a depender de la autorización del empleador, lo cual es incompatible con estándares internacionales en materia de libertad sindical”, sostiene el documento de la central. Asimismo, se cuestiona el fin de la "ultraactividad", el mecanismo que mantiene vigentes los convenios colectivos tras su vencimiento, lo que obligaría a renegociaciones constantes bajo condiciones de mayor presión.
La polémica por el Fondo de Asistencia Laboral (FAL)
Otro punto de fricción es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). El sistema propone que los empleadores redireccionen el 3% de las contribuciones patronales —que hoy van al sistema previsional— hacia fondos administrados por entidades bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores para financiar futuras indemnizaciones.
Desde la CGT rechazan de plano esta arquitectura financiera, argumentando que el trabajador no tiene potestad para ejecutar esos fondos y que el esquema solo beneficia a empleados con más de un año de antigüedad, profundizando la brecha con el sector informal. Con este escenario de máxima tensión, la movilización de hoy se perfila como el primer gran desafío de calle para la nueva conducción cegetista frente a la agenda legislativa del Ejecutivo.
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