La Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al Presupuesto 2026, pero el festejo en la Casa Rosada duró poco. Durante la madrugada, la oposición logró rechazar el Capítulo XI, el núcleo del plan de ajuste oficialista, que buscaba derogar las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad. Ante este escenario, el Poder Ejecutivo considera que el proyecto aprobado "no sirve" y evalúa seriamente el veto total de la norma o el bloqueo de su tratamiento en el Senado.
El riesgo del déficit cero y la estrategia del veto
Para la administración de Javier Milei, la aprobación en general con 132 votos —la primera victoria de este tipo para el oficialismo— quedó opacada por la derrota en el articulado particular. La eliminación del Capítulo XI implica que las obligaciones de gasto en educación y discapacidad continúan vigentes, algo que el Gobierno califica como una amenaza directa a su principal bandera: el equilibrio fiscal.
“Vulnera el déficit cero que justamente queríamos construir con este Presupuesto”, afirmó una fuente inobjetable del Ejecutivo tras la sesión. En los despachos oficiales sostienen que, sin esas derogaciones, se fuerza al Presidente a administrar un esquema financiero deficitario. Ante la imposibilidad de insistir con la redacción original en la Cámara de origen por falta de mayorías, la opción del veto presidencial gana terreno para evitar que la ley sea sancionada con el "gasto extra" que pretenden los bloques opositores.
Traiciones federales: el foco sobre los gobernadores
El malestar oficialista se concentra en las provincias. A pesar de que el Gobierno nacional aceleró el envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en las últimas dos semanas —repartiendo más de 66.000 millones de pesos entre seis distritos—, el apoyo en el recinto fue parcial. La Casa Rosada apunta contra los mandatarios de Catamarca, Tucumán y Salta, pero el enojo mayor recae sobre tres aliados que "se dieron vuelta" a último momento.
Se trata de Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco). Estos mandatarios, que habían mantenido diálogos cercanos con los estrategas libertarios, habrían instruido a sus legisladores para votar en contra del capítulo de ajuste fiscal. “Solo Discapacidad representa 5 puntos del PBI”, señalan desde Hacienda, sugiriendo que el impacto económico de estas leyes vigentes es inasumible para el programa actual.
¿Hacia una nueva prórroga presupuestaria?
Si el Gobierno decide finalmente no avanzar con el proyecto en el Senado o aplicar el veto, la gestión de Javier Milei podría convertirse en la primera en la historia en prorrogar un presupuesto por tres períodos consecutivos (2024, 2025 y 2026). Paradójicamente, este escenario de incertidumbre legal le otorga al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, un mayor margen de discrecionalidad.
“Va a tener que seguir armando el Excel”, bromeaban con ironía en los pasillos del Congreso, haciendo referencia a que el manejo de partidas sin una ley actualizada permite al Ejecutivo retener fondos amparándose en la falta de asignación presupuestaria específica. Sin embargo, esta falta de previsibilidad podría generar tensiones adicionales con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los propios gobernadores, quienes hoy se encuentran en una encrucijada entre el reclamo de fondos y la gobernabilidad nacional.
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