La Justicia Federal imputó a Sandra Baracat, esposa del exjuez federal de Rosario, Walter Bailaque, en el marco de una investigación por un presunto pago de extorsión. La causa se centra en la adquisición de un terreno en Funes que, según la hipótesis fiscal, habría sido utilizado para blanquear dinero proveniente de un soborno.
🔎 La maniobra detrás de la operación inmobiliaria
La investigación, impulsada por el fiscal Claudio Kishimoto, busca determinar si la compra de un lote en la localidad de Funes fue un engranaje en una trama de extorsión. El terreno, de valor considerable, habría sido entregado como pago ilegal a cambio de un supuesto beneficio judicial.
La imputación a Baracat se debe a su rol en la adquisición formal del inmueble, el cual se inscribió a su nombre. La Justicia intenta determinar si ella tenía conocimiento del origen ilícito de los fondos o si actuó como una mera testaferro en la operación.
El exjuez Bailaque, quien renunció a su cargo el año pasado, ya ha sido vinculado a diversas causas que investigan corrupción en el ámbito judicial de Rosario. Este nuevo avance complica su situación, al involucrar directamente a su entorno familiar en presuntas maniobras ilícitas.
💰 El presunto nexo con una causa de drogas
La conexión central de esta investigación radica en una causa por narcotráfico que tramitó en el juzgado de Bailaque. La hipótesis fiscal sostiene que el terreno fue el vehículo para canalizar un pago ilegal que buscaba influir en el desarrollo o resultado de ese expediente.
Una fuente con acceso al expediente indicó que “el lote en Funes se entregó como una contraprestación por una ayuda indebida en un proceso penal”. La investigación se apoya en evidencias que sugieren un desvío en el circuito legal de la propiedad.
La documentación secuestrada y los testimonios recabados están siendo analizados para reconstruir el origen real del dinero utilizado en la compra. Se busca demostrar la existencia de un nexo directo entre la operación inmobiliaria y la presunta red de corrupción.
🏛️ El impacto en el poder judicial de Santa Fe
Este episodio reaviva las sospechas sobre la integridad de la Justicia Federal en Rosario y subraya la necesidad de un control riguroso sobre el patrimonio de los funcionarios judiciales. La causa genera un fuerte impacto en el ámbito político y judicial de Santa Fe.
La defensa de Baracat buscará demostrar la legalidad de la adquisición, alegando que se trató de una compra con fondos genuinos. Sin embargo, la imputación marca un paso significativo en la intención de la Justicia de desentrañar el entramado de corrupción.
De confirmarse la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, las consecuencias para la esposa del exjuez podrían ser graves, enfrentando cargos por lavado de activos. El expediente avanza con cautela, pero con la firmeza de exponer el presunto mecanismo de sobornos.
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