La Justicia de Rosario homologó este martes un procedimiento abreviado que sentenció a cuatro empleados del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) por el robo y comercialización irregular de medicamentos e insumos básicos. La resolución, dictada por la jueza Hebe Marcogliese, puso fin a una investigación que desnudó una red de sustracción hormiga dentro del centro de salud más importante de la región.
Entre los condenados se encuentra un funcionario público que ocupaba un cargo jerárquico, lo que agravó la calificación legal del caso. La investigación fiscal logró probar que los elementos eran retirados del nosocomio en mochilas y cajas, utilizando áreas restringidas para evitar los controles habituales.
Penas de prisión e inhabilitación para los implicados
El fallo judicial estableció condenas diferenciadas según la responsabilidad de cada involucrado. Darío Febre, Oscar Lazarte y Eduardo Torrilla recibieron una pena de cinco meses y quince días de prisión efectiva, sumado a una multa económica de 200 mil pesos para cada uno. Los tres fueron hallados culpables de los delitos de hurto e incumplimiento de los deberes de custodia de sustancias medicinales.
Por su parte, la situación de Antonio Alegre fue la más comprometida debido a su rol como coordinador del área de Control Interno del Heca. Alegre fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de encubrimiento agravado por su condición de funcionario público. Además de la multa económica, todos los sentenciados quedaron inhabilitados por el término de un año para desempeñarse en cualquier establecimiento de salud.
El "Cero" y la rampa: la logística del robo
La investigación, liderada por el fiscal José Luis Caterina, reconstruyó minuciosamente la maniobra delictiva que se extendió durante gran parte de 2024. El epicentro de la actividad era la oficina telefónica conocida internamente como "el Cero". Desde allí, los empleados trasladaban cajas y mochilas con insumos hacia vehículos particulares que ingresaban por la rampa del hospital.
“Los hechos fueron corroborados por testimonios internos y registros fílmicos del hospital, que muestran al imputado saliendo del edificio y subiendo a los vehículos”, detalló la acusación fiscal. Las cámaras de seguridad del Heca resultaron determinantes para identificar los movimientos de Eduardo Torrilla, quien retiraba el material de forma reiterada.
Hallazgos en allanamientos y falta de control
Durante los procedimientos realizados en los domicilios de los acusados, las fuerzas de seguridad secuestraron un voluminoso stock de agujas, barbijos, vendas, gasas y soluciones. Sin embargo, lo más alarmante fue el hallazgo de medicamentos de venta bajo receta y una gran cantidad de "muestras médicas" cuya tenencia no pudo ser justificada.
En el caso de Antonio Alegre, la Justicia determinó que, a pesar de su cargo jerárquico, omitió denunciar las maniobras de sus subordinados. Esta inacción permitió que el robo de insumos continuara sistemáticamente entre agosto y octubre del año pasado, afectando directamente los recursos destinados a la atención pública de los pacientes.
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