El gobierno de Santa Fe, liderado por Maximiliano Pullaro, dio un paso clave en su plan de transformación digital al oficializar un protocolo para el uso de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en la administración pública provincial. La medida se concretó a través del Decreto N.º 2726/2025.
La nueva normativa, firmada por el gobernador y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, establece un marco legal para incorporar la IA con un enfoque ético. El objetivo central es optimizar los servicios estatales, garantizando a la vez la protección de datos y los derechos de los ciudadanos.
Supervisión Humana y Transparencia en la Toma de Decisiones
El documento anexo al decreto contiene 10 puntos clave que son de aplicación obligatoria para todo el personal estatal. El principio rector es la "supervisión humana significativa y competente", exigiendo que la IA actúe solo como apoyo, y nunca como reemplazo, de la decisión administrativa final.
Esto refuerza la responsabilidad institucional, ya que todo sistema debe ser auditable y explicable en función del riesgo de su uso. Se busca que el ciudadano pueda comprender la lógica de los algoritmos utilizados por la gestión pública .
La provincia también exige la "equidad y no discriminación" en los modelos de IA, estableciendo que los agentes deben mitigar activamente posibles sesgos algorítmicos.
El Desafío de la Protección de Datos y la Capacitación
El protocolo aborda de manera estricta el manejo de la información sensible. Impone la obligación de anonimizar o seudonimizar datos personales cuando se empleen en herramientas de IAG, cumpliendo así con las leyes de privacidad vigentes a nivel provincial y nacional.
Según los fundamentos de la norma, la adopción de la IA debe ser "planificada, gradual y presidida por el principio de prudencia" para mitigar riesgos. La regulación llega como respuesta concreta al acelerado desarrollo tecnológico que impacta en la gestión pública.
Uno de los principales desafíos será la capacitación del personal público. El decreto obliga a implementar programas de formación pertinentes y actualizados para todos los agentes que utilicen la IAG, buscando una "cultura de innovación ética". La escalabilidad y el monitoreo de la nueva normativa serán claves para su éxito.
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