La Audiencia Pública sobre el proceso de relicitación del río Paraná, conocida popularmente como "hidrovía", culminó tras una maratónica jornada de 14 horas con un rechazo contundente a los planes de profundizar su dragado. Más del 90% de los 247 expositores se opuso a cualquier intento de aumentar el calado sin la presentación previa de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) válidos.
La jornada, convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, se extendió desde las 8 hasta pasadas las 23 de este lunes. Abogados ambientalistas, defensores del río, comunidades costeras y pueblos originarios hicieron una fuerte defensa del ecosistema, alertando sobre el riesgo de convertir el Paraná en una “autopista líquida” para buques de mayor porte.
Impugnación Técnica: "Un Simulacro" para Convalidar la Licitación
El rechazo fue transversal y tuvo un fuerte componente técnico. La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas impugnó formalmente la audiencia y la consideró "ilegítima". Sostienen que el proceso buscó convalidar por vía administrativa una licitación ya decidida, vulnerando el espíritu de participación.
La principal objeción es la ausencia de un EIA válido. Según los ambientalistas, las obras de dragado ya están en curso, no existe una línea de base ni una evaluación de impactos acumulativos. La información técnica fue considerada desordenada y de difícil acceso, lo que viola el Acuerdo de Escazú.
“No se presentó ningún Estudio de Impacto Ambiental válido. Las obras de dragado ya están en curso. No existe línea de base ni evaluación de impactos acumulativos”, manifestaron desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial.
El Talón de Aquiles de la Licitación: El Requisito de la PIA
El cuestionamiento más profundo se centra en un antecedente clave que ya había frenado un intento anterior de licitación. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), organismo del Ministerio Público Fiscal, dictaminó en febrero pasado que era "fundamental" realizar una evaluación de impacto ambiental antes de llamar a licitación.
El abogado Fabián Maggi, de Abogados/as Ambientalistas, señaló que la Agencia de Puertos probablemente intentará avanzar con el pliego pese a las objeciones. Sin embargo, el interrogante sigue abierto: “¿Cómo vas a licitar una obra, en donde el Estado ya asume un compromiso, si todavía no está aprobada ambientalmente?”, cuestionó, resumiendo la inconsistencia legal del proceso.
La voz colectiva defendió el río "como fuente de agua potable para millones, corredor de biodiversidad y soporte de humedales". La conclusión de los expositores fue unánime: "El modelo de río que intentan imponer no tiene licencia social", y exigieron la anulación inmediata de la licitación proyectada.
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