La Justicia Federal ordenó este viernes una serie de medidas cautelares cruciales en la investigación por presunto lavado de activos y evasión que involucra a la financiera Sur Finanzas y a su titular, Ariel Vallejo, estrechamente ligado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Los movimientos llegan tras una denuncia por supuesta dilación en el proceso.
La fiscal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, solicitó el levantamiento del secreto bancario y el congelamiento de cuentas de empresas, clubes de fútbol y asociaciones vinculadas al financista. Esta decisión, que incluye allanamientos y embargos preventivos, recayó en el juzgado de Federico Villena.
Múltiples Frentes Judiciales y Millones en Juego
El escándalo se profundizó tras una presentación de la Dirección General Impositiva (DGI), que alertó a la Justicia sobre movimientos sospechosos por más de 818 mil millones de pesos gestionados a través de billeteras virtuales de Sur Finanzas.
De manera simultánea, la jueza federal María Eugenia Capuchetti también ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Vallejo y de 14 sociedades asociadas. La causa de Capuchetti, que data de 2021, investiga una presunta maniobra para sortear el cepo cambiario durante el gobierno anterior y hacerse de dólares oficiales.
La presión judicial apunta a reconstruir la ruta del dinero y determinar si existe un patrón común entre las distintas acusaciones. La Justicia encomendó nuevas diligencias a la Gendarmería Nacional.
Vínculos con el Fútbol y Otros Casos
La figura de Vallejo captó la atención de los organismos de control no solo por el volumen de dinero movilizado, sino por su creciente influencia en el fútbol argentino. Sur Finanzas es desde 2023 el naming sponsor de la Copa de la Liga Profesional y sus marcas se exhibieron en las camisetas de numerosos clubes.
Además, la financiera apareció mencionada en el caso ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad). En ese expediente, se investiga el uso de la aplicación de criptomonedas NEBLOCKSHAIN, desarrollada por la firma de Vallejo, para convertir parte de fondos presuntamente obtenidos de coimas, un episodio que ya derivó en un allanamiento anterior.
Con las nuevas medidas cautelares, el Gobierno busca sumar presión sobre el entramado societario de Vallejo para desenmascarar las supuestas maniobras de lavado y evasión.
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