El Gobierno argentino se mostró sumamente confiado en la posibilidad de revertir la sentencia de US$16.000 millones dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska por la expropiación de YPF. Tras una audiencia clave de alegatos orales celebrada en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, la Procuración del Tesoro de la Nación sostuvo que el fallo es “erróneo” y se basó en una interpretación equivocada del derecho argentino. La estrategia principal de la República se centra en la falta de jurisdicción de los tribunales estadounidenses para intervenir en un caso que, aseguran, es puramente doméstico.
Eje de la Apelación: La Injerencia en Jurisdicción Nacional
Los representantes legales de la República Argentina expusieron en Nueva York la necesidad de respetar la jurisdicción nacional, argumentando que el caso debería haberse tramitado ante los tribunales locales. En un comunicado oficial, la Procuración del Tesoro de la Nación hizo hincapié en que la sentencia de primera instancia se fundó en “ficciones jurídicas de graves consecuencias”. Sostuvieron que el reclamo promovido por los fondos Petersen Energía y Eton Park Capital Management no tiene conexión real con el mercado bursátil estadounidense.
Origen del Conflicto y la Acusación contra los Fondos
Los abogados del Estado recordaron que los fondos demandantes no adquirieron sus acciones en la Oferta Pública Inicial de YPF de 1993. En su lugar, las compraron muchos años después mediante operaciones privadas con Repsol en España, las cuales, según el comunicado, estuvieron “rodeadas de serias sospechas de corrupción”. La Procuración del Tesoro sostuvo además que estos accionistas, junto con Repsol, “drenaron los recursos de YPF” a través del pago de dividendos extraordinarios antes de la expropiación, y que eran conscientes de que cualquier controversia debía resolverse conforme al derecho argentino.
Críticas al Fondo Burford y Respaldo Internacional
El comunicado oficial dedicó una fuerte crítica a Burford Capital, el fondo británico que adquirió el reclamo de Petersen por 15 millones de euros y que ahora busca una ganancia “superior al 37.000%”. El organismo acusó directamente al fondo de “utilizar los tribunales estadounidenses para obtener una ganancia extraordinaria derivada de una controversia puramente doméstica” y de “interferir deliberadamente en la recuperación económica y reputacional de la República”. Pese al litigio, el Gobierno agradeció el respaldo de “varios Estados” que presentaron escritos de apoyo ante la Corte estadounidense, alineándose con la posición jurídica argentina.
Consecuencias del Fallo: El Impacto de una Posible Reversión
La Procuración del Tesoro manifestó su optimismo, concluyendo que la República “confía en que la Corte de Apelaciones revertirá la decisión de la Corte de Distrito”. De confirmarse el argumento argentino sobre la falta de competencia de los tribunales de Estados Unidos, el triunfo sería un logro crucial para el Gobierno en uno de los litigios internacionales más costosos en la historia del país. Paralelamente a esta apelación, cabe recordar que la jueza Preska previamente había ordenado al Gobierno entregar datos sobre activos del Estado para trabar posibles embargos.
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