La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta judicial tras la detección de un presunto y nuevo entramado de coimas que salpica a funcionarios que respondían a Daniel Garbellini, exsubdirector ejecutivo de ANDIS y segundo de Diego Spagnuolo. El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi ordenaron este jueves 24 nuevos allanamientos en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, luego de analizar los celulares secuestrados en la causa. La investigación se centra en un esquema de cobro de sobornos coordinado por personas ligadas a este exfuncionario, aunque sus nombres se mantienen bajo reserva.
La Justicia Confirma Pedidos de Coimas a Droguerías
El análisis de los dispositivos móviles secuestrados ha sido crucial, ya que los investigadores habrían encontrado pruebas directas de pedidos de retornos a droguerías proveedoras de la ANDIS. Estos medicamentos, de alto costo, estaban destinados a personas con discapacidad, y aunque se desconoce si la empresa Suizo Argentina está involucrada, la mira judicial apunta al circuito de compras. Este procedimiento judicial, que incluyó operativos simultáneos en domicilios particulares y droguerías, se realizó bajo estricto secreto de sumario. Las fuerzas que participaron en los allanamientos fueron la Policía de la Ciudad y la Bonaerense, incautando dispositivos electrónicos en busca de evidencia que reconstruya las presuntas irregularidades.
Irregularidades en Contrataciones y Foco en Sobreprecios
El fiscal Franco Picardi entiende que en la ANDIS existió direccionamiento e irregularidades en las contrataciones. Ahora, la línea investigativa apunta específicamente a verificar la existencia de sobreprecios en las adquisiciones. Picardi también investiga si los mecanismos de compra eludieron los controles internos del Ministerio de Salud, dado que parte de las adquisiciones detectadas no fueron registradas con trazabilidad en el sistema de compras del Estado ni figuran en los portales públicos. La causa se originó tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo donde se hacía referencia a supuestas coimas exigidas a laboratorios. En esos audios se mencionaba a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Eduardo “Lule” Menem, quienes hasta el momento no fueron formalmente imputados.
Consecuencias Políticas y la Respuesta del Gobierno Nacional
El avance de esta causa ha tenido inmediatas repercusiones políticas, coincidiendo con la aprobación en la Cámara de Diputados de un pedido de interpelación a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, que se efectuará el próximo miércoles. En paralelo, el Gobierno nacional avanza con una auditoría interna en la ANDIS. Fuentes oficiales confirmaron que el Ejecutivo ya recibió parte de la documentación incautada por la Justicia, incluidas facturas de compras a droguerías. El equipo legal del Ministerio de Salud ha solicitado copias de esta documentación para el interventor del organismo, Alberto Vilches, designado para liderar el proceso de revisión. En la Casa Rosada sospechan que algunas contrataciones se realizaron mediante sucesivas compulsas de precios para simular competencia entre oferentes, eludiendo la formalización de contratos. Por ello, el Gobierno evalúa reformas en el esquema de contrataciones de la ANDIS, buscando eliminar su autarquía y centralizar las compras en el Ministerio de Salud, e incluso plantean la posibilidad de comprar medicamentos directamente a laboratorios, sin intermediarios.
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