El presidente Javier Milei firmó el veto a la ley de emergencia en discapacidad, una medida que, según la Asociación Provincial de Prestadores de Servicios, es la "confirmación de la política de la crueldad". Esta decisión, que ya se había anticipado incluso antes de la sanción de la normativa en el Congreso, deja sin efecto el aumento de aranceles para quienes asisten a personas con discapacidad.
Mariel Chiapero, titular de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), declaró en un reportaje con LT8 que los aumentos destinados a los trabajadores y profesionales del sector "no afectan el déficit fiscal", desmintiendo así el principal argumento del gobierno nacional. Chiapero señaló la contradicción de un Estado que "controla y a la vez no favorece recursos para sostenerlas" prestaciones.
Un sistema en "franca agonía"
La publicación del decreto 534/2025 en el Boletín Oficial, que también deja sin efecto el aumento de las jubilaciones, generó un profundo malestar en la asociación. Chiapero criticó que "no parece haber una consideración de que detrás de estas leyes hay personas". La presidenta de Apridis describió la situación como "crítica" y "en franca agonía", afirmando que los prestadores se han propuesto llegar solo a fin de año. "De ahí en más no se puede garantizar que siga existiendo un sector que viene a garantizar derechos básicos como rehabilitación, educación y espacios de socialización", manifestó.
La representante santafesina detalló que los profesionales e instituciones sufren una "diferencia mayor al 80 por ciento" desde que asumió Milei, al comparar la inflación con los costos del sector. "Hace 10 meses que no hay aumentos arancelarios, y los sueldos han tenido pequeños aumentos", explicó sobre la crisis que atraviesan.
Chiapero contrapuso esta decisión con la reducción permanente de retenciones a la exportación de granos, una medida que, según su análisis, "genera un impacto muchísimo mayor" en las finanzas públicas que el 0,03% del Producto Bruto Interno (PBI) que representaba el costo de la ley de emergencia.
El futuro de la ley en el Congreso
Con el veto, el proyecto deberá ser tratado nuevamente en la Cámara de Diputados de la Nación. Para que la ley se aplique, debe obtener al menos dos tercios de los votos a favor de la sanción. De ser así, el debate pasará al Senado para una segunda revisión, donde también se requerirá la misma proporción de votos para que la ley sea promulgada, a pesar del rechazo presidencial.
"La angustia es enorme", confesó Chiapero, quien anticipó que, a pesar del desánimo, "seguiremos trabajando". El objetivo de las organizaciones es revertir el veto y, para ello, Apridis quiere "apelar a que los legisladores sigan sosteniendo su posición y que reconsideren quienes se abstuvieron o votaron negativo".
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