En una importante operación coordinada, las autoridades costarricenses lograron desarticular una red de trata de personas con fuertes vínculos al Tren de Aragua, la peligrosa megabanda venezolana. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía ejecutaron siete allanamientos simultáneos en hoteles y residencias ubicadas en San José, Alajuela y Jacó. La acción culminó con la detención de 10 individuos acusados de explotación sexual de mujeres de origen venezolano.
La red operaba bajo un engaño sofisticado: ofrecía falsos puestos de "generadoras de contenido" a través de plataformas en línea. Una vez captadas, las mujeres eran sometidas a prostitución forzada. Según detalló el OIJ, a las víctimas se les confiscaban sus teléfonos, eran incomunicadas y se les imponía una deuda estimada entre 3.000 y 5.000 dólares, que debían saldar mediante servicios sexuales.
Los cobros por esta deuda coercitiva incluían los trámites migratorios, el alojamiento y la alimentación. Cualquier incumplimiento de las reglas acarreaba multas diarias por infracciones menores, un método de coacción que impedía a las víctimas escapar de la red.
Aunque las autoridades no han confirmado cifras oficiales definitivas, medios locales reportaron el rescate de cerca de 90 mujeres durante la operación. Algunas de las víctimas se encontraban embarazadas o con niños pequeños y eran mantenidas en condiciones de encierro.
De los detenidos, ocho son venezolanos, un ecuatoriano y una nicaragüense. Estos individuos conformaban una estructura criminal que replicaba el modelo operativo del Tren de Aragua, conocida por sus ramificaciones en varios países sudamericanos.
Durante los allanamientos, el OIJ decomisó celulares, discos duros, equipos informáticos, armas de fuego, dos vehículos, una motocicleta y dinero en efectivo, elementos cruciales para la investigación.
El Tren de Aragua, que tuvo sus orígenes en la prisión de Tocorón en Venezuela, ha experimentado una notable expansión como organización criminal transnacional. Se le vincula a delitos graves como el secuestro, la trata de personas, el narcotráfico y la extorsión.
Su expansión regional se aceleró a partir de 2018, coincidiendo con el flujo masivo de millones de venezolanos que huyeron de la crisis humanitaria, económica y política de su país. La organización aprovechó esta vulnerabilidad para desplegar células en naciones como Colombia, Perú, Chile, Ecuador y ahora también Costa Rica, replicando estructuras criminales dedicadas a la explotación de migrantes.
En febrero, la administración de Donald Trump clasificó oficialmente al Tren de Aragua como “organización terrorista extranjera”, subrayando su amenaza transnacional. En abril, Estados Unidos imputó por primera vez a un miembro de alto rango de la banda por cargos de terrorismo y tráfico de drogas, lo que resalta la gravedad de su accionar.
En Costa Rica, el Tren de Aragua también ha sido asociado con el homicidio de dos venezolanos en un bar del centro de San José, ocurrido el 20 de noviembre de 2024. Las investigaciones preliminares sugieren que estos crímenes podrían estar relacionados con disputas internas por el control de redes de trata sexual.
Operaciones policiales en países como Perú y Chile también han expuesto células vinculadas a este grupo, implicadas en trata de personas, tráfico de migrantes y homicidios. En Perú, 84 víctimas fueron rescatadas en 2022 en una operación similar, mientras que en Chile se decomisaron armas y se dictaron penas perpetuas a cabecillas de la organización.
Analistas diversos han señalado que, aunque su implantación en Estados Unidos es reducida (se estiman "solo unos cientos" de miembros entre más de 800.000 migrantes venezolanos), la estructura transnacional y los métodos violentos del Tren de Aragua le han ganado una preocupante notoriedad.
La intervención en Costa Rica evidencia que la criminalidad no solo acompaña las rutas migratorias, sino que se reproduce en los destinos. La colaboración integral entre la Fiscalía, el OIJ y sus secciones especializadas —violencia de género, homicidios y trata de personas— demuestra un enfoque efectivo para interrumpir redes ilícitas.
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