Nuevo Alberdi, epicentro de la zona oeste rosarina y hogar de unas 6 mil familias, se ha transformado en el foco de una controversia política que reaviva el debate sobre la gestión de fondos públicos y la influencia de figuras nacionales. El barrio, conocido por ser el bastión donde el movimiento político Ciudad Futura cimentó su “épica” tras la “usurpación” de un tambo, recibió durante la pandemia millones de pesos del kirchnerismo, gracias a una aceitada red de contactos que incluyó a Máximo Kirchner, Juan Grabois, Juan Monteverde y el visto bueno del entonces presidente Alberto Fernández. Esta “historia de lobbys y amistades políticas” ha sido recientemente puesta en agenda por el intendente Pablo Javkin.
La complejidad de esta situación se evidencia en lo ocurrido en diciembre de 2024, cuando las cuadrillas de Control Urbano intentaron avanzar con obras de infraestructura en la calle Baigorria, con el objetivo de extenderla hasta Circunvalación y convertirla en una nueva vía de acceso a Rosario. Estas tareas, planificadas dentro de un programa integral de crecimiento urbano, chocaron con el “plan K” implementado cuatro años antes.
El “plan K”, formalmente conocido como Programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares, fue impulsado por el gobierno de Alberto Fernández y permitió el asentamiento de decenas de familias en Nuevo Alberdi. Este programa tiene sus raíces en la creación del Registro de Barrios Populares en 2016, bajo la presidencia de Mauricio Macri, una iniciativa que buscaba otorgar a los habitantes de estos barrios un Certificado de Vivienda Familiar para acceder a servicios básicos y dignificar su situación. Elisa Carrió, entonces diputada nacional y aliada del macrismo, fue una de las “impulsoras” de este registro.
Con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, la Secretaría de Integración Socio Urbana (Sisu), dependiente del entonces Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y a cargo de Ramona Fernanda Miño, militante social cercana a Juan Grabois, comenzó a tener injerencia en este registro. Durante el kirchnerismo, Miño firmó convenios con diversas organizaciones sociales para la realización de relevamientos y la planificación de “planes de integración”. En Nuevo Alberdi, esta tarea fue encomendada a la Asociación Civil Instituto de Gestión de Ciudades (IGC), organización que integra el padre del concejal Monteverde.
Un “convenio” firmado en agosto de 2020, en plena pandemia, estipuló el giro de 6.086.750 pesos (equivalentes a unos 122 millones de pesos en la actualidad) al IGC para llevar adelante el “proyecto ejecutivo general para la integración socio urbana” de Nuevo Alberdi Oeste y su zona rural. El intendente Javkin ha criticado duramente este acuerdo, señalando que el dinero se destinó a una consultoría para “escribir propuestas sin poner un solo caño de agua potable, sin mejorarle la vida a nadie”. Según sus declaraciones, “cuatro años después, las obras prometidas brillan por su ausencia”, con “más de 1.350 millones de pesos que nunca llegaron” y solo “una sola de las 7 obras proyectadas se ejecutó”.
Los fondos para estos relevamientos y proyectos provinieron del Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu), creado con parte del impuesto a las grandes fortunas impulsado en el Congreso por el diputado Máximo Kirchner. En Rosario, el Movimiento Evita y el IGC fueron dos de los beneficiados. Mientras el Evita construyó un salón de usos múltiples en el asentamiento El Cañaveral, el IGC elaboró un “proyecto ejecutivo” con el apoyo de militantes de Ciudad Futura que, según las denuncias, no se tradujo en “obras concretas”.
Actualmente, Nuevo Alberdi Oeste carece de equipamiento urbano y red cloacal, la red eléctrica es “inexistente”, y decenas de familias se asentaron en el lugar con la esperanza de integrar el registro que les acerque “algo de dignidad”, todo “sin coordinación con el municipio”. Con el gobierno de Javier Milei, el Fisu ha sido “desactivado” y las obras en los barrios populares han pasado a la órbita de Economía.
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