La Universidad Nacional de Rosario (UNR) reiteró su postura sobre el anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, respecto al cobro de aranceles a estudiantes extranjeros, calificándolo de "imposible aplicación". Según la UNR, la medida requeriría la modificación de dos leyes nacionales: la Ley de Migraciones y la Ley de Educación Superior, que prohíben explícitamente el cobro de aranceles a estudiantes de grado.
El rector de la UNR, Franco Bartolacci, aclaró que "en la Universidad Nacional de Rosario no existen estudiantes regulares de carreras de grado que no posean residencia. Los estudiantes no residentes son de posgrado que ya abonan por el cursado de sus carreras". Esta declaración surge en respuesta al decreto anunciado por Adorni, que permitiría a las universidades nacionales cobrar aranceles a estudiantes extranjeros, respetando la autonomía universitaria.
Fuentes de la UNR subrayaron que la imposición del decreto es de "imposible aplicación" sin la modificación de las leyes mencionadas. La Ley de Migraciones, en su artículo 5, garantiza igualdad de derechos en educación para nacionales y extranjeros, mientras que el artículo 2 bis de la Ley de Educación Superior prohíbe el cobro de aranceles en universidades nacionales para estudiantes de grado.
Además del arancelamiento, el gobierno nacional anunció un endurecimiento en la política migratoria. Adorni informó que se implementará un decreto que establece la deportación rápida de extranjeros que delinquen, exige seguros médicos a quienes ingresen al país y establece requisitos "más severos" para obtener la residencia permanente y la ciudadanía. "Como hicimos en nuestros orígenes, queremos seguir recibiendo a aquellos que vienen a construir un país más libre y más próspero, pero tenemos que saber recibir a quienes estén dispuestos a colaborar dentro del marco de la ley y tener la firmeza de expulsar a quienes incumplen las normas de nuestro territorio”, declaró Adorni.
El vocero presidencial también mencionó que se exigirá un seguro médico a los inmigrantes y que aquellos que ingresen de forma irregular ya no serán recompensados con la ciudadanía.
En cuanto a la atención médica, directivos de hospitales locales indicaron que el porcentaje de inmigrantes que utilizan los servicios de salud es "muy baja, y se ubica en torno al 1 o 2 por ciento de la población hospitalaria", contradiciendo las afirmaciones de Adorni sobre los "famosos tours sanitarios".
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